JOAQUIM BOSCH: «Esta LEGISLATURA ES LA PEOR, en materia de justicia, de la democracia»
El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD) y magistrado, Joaquim Bosch (Cullera, 1965), asegura antes de inicar el XXX Congreso de de la Asociación en Cádiz que «No solo se ha perdido una legislatura en justicia, sino que esta legislatura ha sido la peor etapa en materia de justicia de toda la democracia».
TEXTO: YOLANDA RODRÍGUEZ Y CARLOS BERBELL.
Joaquím Bosch no proviene de una familia vinculada al mundo judicial, sin embargo, desde siempre vio el Derecho “como un avance de la civilización y como forma de sustituir la venganza privada por una resolución”. Y la función judicial como “el ámbito perfecto para colaborar en la preservación de los derechos fundamentales”. En ello sigue.
Se incorporó a la carrera judicial en 2002 y, actualmente, es magistrado del Juzgado Número 1 de Moncada (Valencia).
Además desde hace tres años ejerce la portavocía de Jueces para la Democracia, la segunda asociación judicial creada hace ahora 32 años, en 1983. Agrupa a unos 500 jueces y magistrados de toda España.
100 de ellos, se reúnen estos días en Cádiz para abordar la necesidad de un nuevo modelo constitucional y la situación de la justicia en nuestro país.
Bajo el lema “Justicia y Constitución en el siglo XXI” comienza hoy en Cádiz, el XXX Congreso de Jueces para la Democracia, ¿qué esperan sacar de él?
Nuestra intención es dedicar el Congreso al lema de “Justicia y Constitución en el siglo XXI”. Queremos analizar el papel que ha tenido nuestra constitución desde su entrada en vigor hasta ahora y realizar una valoración sobre la necesidad de nuevos instrumentos constitucionales, a través de una amplia reforma de la Carta Magna o de un proceso constituyente. Esto, evidentemente, se tiene que realizar con el consenso de las fuerzas políticas, para que las previsiones de la Constitución se adapten a los problemas actuales.
Por otro lado, también queremos analizar la situación actual de la justicia, teniendo en cuenta que esta legislatura está ya en sus últimos meses.
Creemos que esta legislatura ha sido muy criticable. No ha habido ningún avance significativo en justicia y, sin embargo, sí ha habido retrocesos y actuaciones muy contrarias a los derechos fundamentales.
En el comunicado de presentación de este Congreso afirman que esta ha sido un legislatura perdida en materia de justicia, ¿podría matizarlo?
Lo que observamos nosotros es que estos cuatro años no han reportado ninguna mejorar para el ciudadano en materia de justicia. Para entendernos, el ciudadano que hoy va un juzgado no lo encuentra mejor que hace cuatro años.
Los asuntos no se resuelven en plazos razonables, no han mejorado los sistemas informáticos, …Tenemos unos juzgados sobrecargados, hay menos recursos materiales y profesionales, ha habido recortes importantes y, además proyectos como la Nueva Oficina Judicial han quedado completamente estancados.
Por todo ello consideramos que se ha perdido una legislatura en justicia.
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¿Qué se podría haber hecho?
Al menos se podía haber aprovechado para poner las bases de en un futuro Pacto de Estado para la Justicia, ya que para esto no hace falta presupuesto sino voluntad política.
En cambio, ni siquiera se ha tenido la curiosidad para detectar las deficiencias y poder resolverlas.
En esta legislatura también se producido una marcha atrás en los principales proyectos de justicia: las tasas, la privatización del Registro Civil, la reforma de la estructura judicial que pretendía Gallardón … Lo único que se ha aprobado son normas lesivas con los derechos fundamentales como la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Este último se ha reformado para que sea una mera correa de transmisión del poder político.
No solo se ha perdido una legislatura en justicia, sino que esta legislatura es la peor, en materia de justicia, de la democracia.
Este año está siendo y va a ser un año electoral, sin embargo, los partidos apenas le dedican unas pocas líneas de sus programas a la justicia, ¿a qué cree que se debe?
En líneas generales hay poca preocupación por la justicia. Si decimos que esta ha sido la pero etapa de toda la democracia es porque esto no se ha improvisado, ni es casualidad. Si vemos el programa del partido gobernante constataremos que no tenía ni siquiera un programa en materia de justicia.
La justicia no suele dar votos y hay muy poca sensibilidad. En algunas materias como la corrupción no ha habido interés político en que los tribunales dispongan de medios suficientes para ejercer sus funciones de contrapoder, de control y de vigilancia institucional.
¿Cuál es la relación de las asociaciones de jueces con el actual Consejo General del Poder Judicial?
A niveles formales la relación es casi nula. El presidente Carlos Lesmes nos recibió hace año y medio, -nada más tomar posesión-, y se comprometió a tener unas relaciones fluidas y permanentes. Sin embargo, tardó un año en volvernos a llamar para preguntarnos cuál era la situación actual de la justicia. En enero pasado nos llamo para decirnos que tendríamos un contacto permanente cada o tres meses, pero han pasado ya seis meses y seguimos sin noticias.
Este Consejo no tiene ninguna sensibilidad por la situación de los jueces o por sus problemas. Cumple, simplemente, una función de supervisión, dentro de un orden, desde el control político que ejercen. Esto implica fundamentalmente premiar y castigar.
Este consejo no ha hecho nada para mejorar el servicio público o reclamar medios al Gobierno. Y esto preocupa mucho al juez de base y a las asociaciones judiciales.
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¿Y respecto a la independencia judicial?
Todo lo que sea defender la independencia judicial, si es molesto para el gobierno tampoco se hace. Hemos visto ataques muy duros de miembros del gobierno a jueces por ejercer su independencia judicial que no han contado con una respuesta adecuada del Consejo en defensa de esta independencia.
Las dos competencias del Consejo tienen que ser las de defender la independencia judicial y asegurar que existen medios suficientes para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde Jueces para la Democracia también han sido muy críticos con la reforma del CGPJ, ¿por qué?
El diseño de Alberto Ruiz Gallardón para el Consejo era el de un órgano subordinado al poder político, fundamentalmente, al Ministerio de Justicia que él dirigía. No concebía el principio de separación de poderes.
Así se creó un Consejo al que le redujeron sus competencias. Se acordó un modelo muy presidencialista, con un presidente como Lesmes, con claras vinculaciones con el partido gobernante. Al mismo tiempo, se generó un sistema de dos niveles donde casi todo lo decide el presidente, asistido por una Comisión Permanente, cuyos miembros son los únicos que ejercen su función con dedicación exclusiva.
El resto de vocales están en un segundo nivel, no tienen el mismo acceso a la información, ni capacidad de decisión y esto lesiona el carácter colegiado y plural que debe tener el órgano de gobierno de los jueces.
Qué opina usted de las últimas iniciativas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahora en el Parlamento?
Tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que es del siglo XIX. Todos los operadores jurídicos están pidiendo, desde hace tiempo, a gritos, que se nos dote de una nueva norma procesal penal que sea la adecuada para la criminalidad del siglo XXI.
Como tantas iniciativas de Gallardón su borrador de Código Procesal Penal acabó en el cajón de los proyectos olvidados.
Ahora, el ministro Rafael Catalá ha querido aprobar algo y ha optado por impulsar un parche precipitado, erróneo y sin fundamento en lugar de poner las bases para una respuesta integral para nuestro ¡ordenamiento jurídico.
Esto que se ha aprobado no va a resolver los problemas del proceso penal. Además, incluye medidas muy criticadas como la reducción de los tiempos de instrucción.
Lo cierto es que sin dotarnos de los medios adecuados los plazos que se indican son totalmente imposibles de cumplir. Y esto lo sabe perfectamente el gobierno.
Si en esto plazos hay que cerrar las investigaciones penales se producirán finalizaciones en falso de muchas instrucciones, especialmente en casusas complejas como las de corrupción.
Con este tipo de regulación los que pueden estar muy contentos son los corruptos.
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Durante la votación de esta reforma en el Congreso de los Diputados, algunos miembros de la Comisión de Justicia aseguraban que así no se arreglan las cosas.
Efectivamente. Si el eje central de esta reforma no es organizar mejor el proceso y dotar de instrumentos a los juzgados, sino que se centra en reducir los plazos de instrucción esto no funciona. Si fuera tan sencillo cambiar una ley para que los procedimientos acaben antes parece mentira que una idea tan original no se le hubiera ocurrido a alguien ya. Es evidente que no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo como reducir el plazo por qué no hacerlo y reducirlo a dos meses o dos semanas.
Si nadie había planteado una idea como esta es porque es notorio que sin medios suficientes no basta con reducir los plazos. Para reducir los plazos es necesarios contar con instrumentos, contar con procedimiento penal más ágil que, respetando las garantías de todas las partes afectadas, permita resolver más rápidamente los procesos.
Con esta reforma ni se modifica los principios básicos del proceso, ni se dota de los instrumentos para trabajar con mayor seguridad. Por lo tanto, lo único que se hace es reducir formalmente el plazo y esto no puede solucionar el problema de fondo.
¿Qué sabríamos hoy, por ejemplo, del caso Urdangarín, los EREs, o la Gürtel si en seis o dieciocho meses se tuviera que haber cerrado la investigación? Nada.
