Los JUECES DE INSTRUCCIÓN RECLAMAN para que el Ministerio les INDEMNICE POR NO LIBRAR tras las guardias

Los JUECES DE INSTRUCCIÓN RECLAMAN para que el Ministerio les INDEMNICE POR NO LIBRAR tras las guardias

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04/6/2015 00:00
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Actualizado: 04/6/2015 00:00
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Cientos de jueces de instrucción destinados por toda España han recurrido ante la Audiencia Nacional para que haga extensiva a todos ellos la sentencia que ganó Eloy Velasco, condenando al Ministerio de Justicia a indemnizarle con 7.200 euros. Por no poder disfrutar de un día de descanso tras la salida de las guardias de 8 días en su juzgado.

Cada juez ha presentado un escrito individual, solicitando al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, el mismo que falló a favor de Velasco, Juez Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, la extensión a su favor de la resolución, dictada el pasado enero.

En la misma se reconocía el derecho de los jueces de Instrucción a ser recompensados por no librar tras las guardias realizadas antes del 15 de octubre de 2013.

Uno a uno, los instructores han reclamado que les compensen con 200 euros, más los intereses legales, por cada día de descanso no disfrutado tras las guardias efectuadas entre abril de 2011 y 2013.

Entre ese periodo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un acuerdo, de fecha 15 de octubre de 2013, por el que les reconoció este derecho en virtud de una directiva europea sobre los periodos mínimos de descanso de los trabajadores.

Dicho acuerdo suponía la trasposición de Directiva Europea 2003/88 sobre la ordenación del tiempo de trabajo conforme a la cual “tras un periodo semanal de trabajo es obligado asegurar un periodo de descanso mínimo de 24 horas continuadas”.

Velasco recordó, en su demanda, el efecto directo de la norma europea, pese a la transposición tardía de España y argumentó que la «imposibilidad de retrotraer el tiempo para que pueda disfrutar de los descansos debidos ha de suplirse con una compensación económica» a razón de 200 euros por día de descanso no disfrutado, cuantía que se corresponde con el importe bruto de la retribución diaria de un magistrado en España.

Por ello, el instructor de la “Operación Púnica” reclamó a la Secretaría de Estado de Justicia, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4, del que es titular la magistrada María Yolanda de la Fuente Guerrero, las cantidades devengadas por un valor de 7.200 euros, por las 36 guardias de ocho días realizadas y por el hecho de que no descansara el día siguiente a cada una de ellas.

La Abogacía del Estado rebatió la demanda acusando al juez de partir de una «premisa errónea». Alegaron que los funcionarios están excluidos de dicha directiva, la cual deja «a discreción» de la Administración la regulación de la compensación de las guardias.

La misma Abogacía reveló al magistrado de lo Contencioso-Administrativo que el Ministerio de Justicia había denegado las «numerosas» reclamaciones de otros jueces o magistrados con la misma pretensión.

Esteno lo vio así, y falló a favor de Velasco.

La sentencia enfatiza que «el único cuerpo funcionarial que aún no tiene reconocido de forma general este descanso, tras la finalización del servicio de guardia, es el de jueces y magistrados, sin que se advierta la razón que justifique esta situación».

«No existen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo que impidan un periodo mínimo de descanso de 24 horas», prosigue el fallo.

UNA SEGUNDA SENTENCIA

La sentencia favorable a Velasco no ha sido la única de esta naturaleza. Un mes más tarde, en febrero de este año, un magistrado de Granollers obtuvo una segunda sentencia a favor, sobre las mismas bases.

El Abogado del Estado ha presentado un recurso en interés de Ley, en nombre del Ministerio de Justicia, que dirige Rafael Catalá, ante el Tribunal Supremo.

Los dos magistrados, tanto Velasco como su compañero de Granollers ya han cobrado las cantidades reclamadas.

Lo que ahora se juega ante la Sala de lo Contenioso-Administrativo del Alto Tribunal es si los efectos deben hacerse extensivos a todos estos magistrados que han presentado el mencionado escrito reclamatorio o no.

Los afectados dicen ser conscientes de que este recurso de casación deja en suspenso la decisión sobre el incidente de extensión.

Pero afirman que esta circunstancia no les impide presentar su demanda a «los únicos efectos de fijar la fecha inicial de reconocimiento del derecho y, con ello, establecer el límite temporal de prescripción», que quedaría ininterrumpido y comprende el periodo de cuatro años anterior a la fecha de presentación de su solicitud.

Si el tribunal de lo Contencioso-Administrativo desestima la demanda del Abogado del Estado el Ministerio de Justicia podría verse obligado a hacer un desembolso millonario para hacer frente a estas demandas de los jueces.  Confilegal/EP.

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