El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en Palma que el Gobierno ha «fortalecido» la legislación durante el actual mandato para luchar contra la corrupción «sin ninguna duda ni tibieza».
Catalá se ha manisfestado así en clausura del XXX Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que también ha asistido la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
El ministro Catalá ha asegurado que su Gobierno ha demostrado el mayor empeño y la mayor iniciativa legislativa y ejecutiva de la historia de la democracia española contra la corrupción. Como prueba de ello ha señalado los diferentes casos que hemos conocido recientemente y que demuestran que el Estado de Derecho funciona.
Preguntado por la cantidad de políticos imputados en Baleares, el ministro de Justicia ha señalado que lo que «le preocupa y le ocupa» es «el conjunto de reformas que estamos llevando a cabo para fortalecer el estado de derecho y eliminar los espacios de impunidad que puedan existir».
Con esto, ha dicho el ministro, quieren «garantizar a todos los ciudadanos que tenemos un estado de derecho fuerte que lucha contra la corrupción».
Catalá ha destacado, entre otras, la nueva Ley de financiación de partidos, la Ley de transparencia, y la reforma del Código Penal como muestra del «compromiso y voluntad del Gobierno de apartar sin ninguna tibieza a los que han podido incurrir en prácticas corruptas».
El encuentro ha servido para debatir sobre la lucha contra la corrupción y en él han intervenido el presidente de la organización Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), Gualtiero Michellini, y el director de Investigaciones de la Dirección de Justicia y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Thierry Cretin.
Por otra parte, la fiscal general del Estado ha sido preguntada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posibilidad de que los periodistas no puedan tomar imágenes de los detenidos.
Madrigal ha advertido de que esta propia ley establece que la detención debe practicarse de la manera que menos perjudique a la fama y honra de las personas implicadas.
La fiscal general del Estado ha señalado que hoy en día hay una «sobreexposición» de los detenidos que deber evitarse, si bien no ha concretado el modo.
CONCLUSIONES UPF
Los fiscales advierten de que la corrupción no sólo «quebranta» el patrimonio público, sino que supone un «ataque frontal» a los principios constitucionales «troncales» y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Según las conclusiones de la UPF de su trigésimo congreso nacional los procedimientos de investigación de los casos de corrupción política y económica requieren de su «asimilación completa» a los del crimen organizado. Esta petición se debe a la «gravedad y extensión» de los hechos delictivos de la corrupción pública y política en España.
Esa asociación de fiscales cree necesario regular el estatuto del arrepentido y del testigo protegido, aplicar las técnicas propias del agente encubierto, y regular de manera «concreta y detallada» la forma de acordar las intervenciones de comunicaciones.
En el ámbito patrimonial, la UPF plantea la «decidida aplicación» del decomiso penal ampliado de bienes y activos procedentes de la corrupción, así como la introducción en la legislación española del «comiso civil» como herramienta para «cercenar» la rentabilidad económica de la corrupción y «atajar» el uso de testaferros.
También propone esta asociación la introducción de nuevas figuras delictivas como el «enriquecimiento ilícito» y el «testaferro lucrativo». (CONFILEGAL/EP)