Ricardo Pradas, el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias de la cúpula de Novacaixagalicia (NCG) ha defendido hoy la legalidad de los mismas, y ha añadido que si llega a ser condenado por estos hechos, «que baje Dios y lo vea».
Así se ha pronunciado en la primera sesión del juicio que la Audiencia Nacional celebra desde este lunes contra cuatro altos cargos que se adjudicaron indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y contra el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y él mismo por cooperar para que los ejecutivos cobraran esa cantidad en plena crisis de las cajas.
En un interrogatorio, que se ha prolongado durante más de tres horas, el acusado ha explicado que su labor consistía en prestar «asesoramiento global» a la entidad y examinar los borradores de los contratos, cuyo redactado final, según ha dicho, ha visto por «primera vez» en la sesión del juicio. «Siempre actué en representación de la entidad, nunca en representación de ninguno de los directivos. ¡Hombre, por favor!», ha respondido a la fiscal Pilar Melero.
Pradas ha precisado que en el caso concreto de los contratos antiguos de los exdirectivos acusados contemplaban un reconocimiento específico de que pudieran prejubilarse si concurría una causa extintiva por la que la entidad modificaba su naturaleza jurídica, un cambio que en este caso fue «de libro».
Y ello sin necesidad de un tiempo mínimo de prestación de servicios ni de haber alcanzado los 55 años de edad.
Durante su declaración ha insistido en que los contratos no incluían mejoras salariales, sino que se trataba de «adaptar» las condiciones de los cargos procedentes de Caixanova y Caixagalicia al plan de fusión suscrito en mayo de 2010, medio año antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara con 1.162 millones de euros al nuevo banco.
También ha explicado que las prejubilaciones se podían cobrar como renta mensualmente o capitalizándolas, como hicieron los cuatro exdirectivos además de Ángel López Corona, que fraccionó sus 2,2 millones en tres pagos, aunque él no está acusado.
Por ello, consideró legal que pudieran desistir, puesto que entre los exdirectivos existía la «incertidumbre» e «inquietud» por el «futuro que iba a depararles» el nuevo banco, aunque ha insistido en que sus contratos no fueron mejorados, sino que incluyeron adaptaciones con motivo de la fusión que integró a Caixanova y Caixagalicia en NCG.
Además, ha reiterado que en ningún caso fueron indemnizaciones, sino liquidaciones por prejubilación, que «no son una cláusula de blindaje».
«Si eso me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea», ha enfatizado.
La Fiscalía y NCG Banco reclaman tres años de prisión para cada uno por apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, por estafa, y que devuelvan las cantidades «ilícitamente» percibidas, que ascienden a 18,9 millones, de los que 7,7 millones correspondían a Pego; 5,6 millones a García de Paredes; 4,8 millones a Gorriarán, y 691.261 euros a Rodríguez Estrada. (CONFILEGAL/EP)