En las conclusiones del 30º Congreso de Jueces para la Democracia, esta asociación incide en que son «necesarias modificaciones constitucionales» que aseguren los derechos de la ciudadanía. Además, afirma que «los principales partidos políticos no han querido garantizar un poder judicial fuerte, independiente y eficaz».
Tras su XXX Congreso bajo el lema “Constitución y Justicia en el siglo XXI”, celebrado entre los día 4 y 5 de junio en Cádiz, la asociación Jueces para la Democracia (JpD), recoge una serie de conclusiones que «pretenden ser una primera aportación sobre aspectos básicos del debate sobre la necesidad de cambios constitucionales en nuestro país»:
1.- Desde JpD aseguran que las transformaciones «en los últimos 37 años hacen que la Constitución de 1978 no cuente con instrumentos adecuados para resolver las demandas de nuestra sociedad», por ello, creen que son «necesarias modificaciones constitucionales esenciales a partir del consenso de las fuerzas políticas. Los cambios constitucionales son una práctica habitual en las sociedades democráticas avanzadas, que desean tener como premisa la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía».
2.- Además, «la incorporación de nuestro país a las estructuras europeas ha provocado transformaciones sobre los problemas derivados de la soberanía, que deben llevar a una redefinición del papel de la Constitución», sostienen.
3.- Insiten también en que «la presión de los intereses económicos ha vaciado de contenido la Constitución, en espacial en lo referente a la efectividad de los derechos sociales. Ello debe llevarnos a buscar fórmulas de garantía para que los derechos sociales queden asegurados. Estos derechos nunca deberían quedar a merced de la situación de los mercados o de los intereses políticos».
4.- Creen que «han de activarse mecanismos de participación ciudadana en el sistema democrático, que incluyan formas efectivas de intervención directa. La regulación de los partidos políticos debe incluir normas básicas de transparencia y también mecanismos de funcionamiento interno democrático».
5.- La evolución del estado autonómico implica necesariamente un nuevo consenso de carácter territorial entre todas las partes afectadas.
6.- Piensan que «las principales instituciones del Estado han sufrido un deterioro comprensible por el paso de los años» por lo que, desde su opinión, «debe ser revisado nuestro organigrama institucional para generar nuevas estructuras que sean complementarias entre sí».
7.- Resulta necesario «incorporar nuevos derechos fundamentales ante las nuevas situaciones que están conformando la sociedad contemporánea. Asimismo, se deberían reformular algunos de los derechos fundamentales vigentes»
8.- Es preciso que «el derecho a la vivienda ha de ser regulado para que se garantice su condición de derecho fundamental y su efectividad real. En este ámbito, se debe perfilar de manera adecuada el equilibrio entre el derecho a la propiedad y su función socia»l.
9.- Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han demostrado las insuficiencias de nuestra legislación en relación con los/as consumidores/as. Debe incrementarse la protección constitucional a los/as consumidores/as ante situaciones de desigualdad contractual.
10.- La regulación del Tribunal Constitucional debe garantizar la imparcialidad e independencia de sus integrantes. Y para eso es preciso «asegurarse unos requisitos mínimos de mérito y capacidad».
11.- «La regulación constitucional del Consejo General del Poder Judicial ha de garantizar la división de poderes y evitar las interferencias políticas en el funcionamiento de la institución», aseguran. E inciden en que «debe asegurarse su autonomía presupuestaria, así como regularse competencias en materia de medios personales y materiales».
12.- Por ello insisten en que «Los principales partidos políticos no han querido garantizar un poder judicial fuerte, independiente y eficaz. Tampoco las fuerzas políticas emergentes están mostrando sensibilidad hacia la Justicia que merece la ciudadanía. Constatamos la falta de ideas que existen en el ámbito político sobre una regulación constitucional futura del poder judicial».