El Grupo Popular ha defendido este jueves en el Congreso la novedad introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a acabar con la ‘pena de telediario’ y garantizar el respeto a la imagen de los arrestados. Una medida muy criticada por la oposición.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) también limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, sustituye el término ‘imputado’ por ‘investigado. Esta reforma procesal es uno de los principales ejes del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al frente del departamento. Sin embargo, el texto ha sido muy criticado y rechazado por los partidos de la oposición. De hecho, ha salido adelante solo con el voto a favor del PP.
Se han abstenido los nacionalistas de CiU y PNV y la han rechazado los demás grupos de oposición.
Uno de los puntos más críticos ha sido la introducción de una enmienda transaccional pactada entre CiU y PP que obliga a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de «asegurar el respeto a sus derechos constitucionales».
La LeCrim, aprobada en el Congreso, incluirá esta nueva previsión después de que el PP haya transaccionado una propuesta de CiU que iba un paso más allá y exigía a las autoridades públicas «evitar la exposición al público» del arrestado. La enmienda a la reforma del artículo 520 propuesto por los «populares» no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar «pena de Telediario».
Algo que ha provocado muchos enfrentamientos entre las asociaciones de periodistas y el Gobierno.
Durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el diputado popular Agustín Conde Bajén se ha referido esa enmienda transaccional y ha declarado que «la intimidad y la imagen del detendido son derechos vigentes, y han de ser necesariamente respetados por la fuerzas de orden público cuando practica una detención». Y ha asegurado que «no es incompatible investigar un delito, no es incompatible detener a una persona para ser interrogada y que sea sometida a todo tipo de pruebas realacionadas con la supuesta comisión de un delito, con el hecho de que esa detención se practique en circunstancias tales que se preserven derechos que no le quedan. «Esto no va en absoluto en contra de nada sino a favor del respeto a la Constitución«, ha dicho.
En la misma dirección han ido las palabras del miembro de CiU Jordi Jané quien ha añadido que su intención no es la de «limitar el derecho a la información» y a poder conocer lo que ocurre en los procesos judiciales.
El diputado socialista Manuel de la Rocha ha querido denunciar «la manera de legislar que, al menos en el ámbito de Justicia, se viene haciendo en los últimos tiempos». Y respecto a la enmienda transaccional ha puntualizado que los ‘populares’ han actuado guiados únicamente por su deseo de evitar imágenes cómo la de la detención del exvicepresidente primero del Gobierno Rodrigo Rato. «Esto no es más que opoprtunismo político. Si la detención del señor Rato no se huebiera producido como se produjo, por cierto a instancias del Gobierno o ministeriales que son los que avisaron a todos los medios de comunicación para que estuvieran allí cuando el iban a detener, si ésta no se hubiera producido el PP no sería sensible a la iniciativa». Por lo tanto, ha insistido en que si «se trata de lavar la imagen del Partido Popular su grupo no la va a apoyar»
Para el representante del PNV Emilio Olabarría ha acusado a los ‘populares’ de introducir elementos garantistas como esta medida sólo cuando han comenzado a producirse arrestos de personajes «de alto postín» y ha advertido de las posibles violaciones del derecho a la información que implica.
PLAZOS DE INSTRUCCIÓN
Durante el debate en el Pleno también se han escuchado críticas a los plazos fijados en la nueva norma para practicar la instrucción. La socialista Soraya Rodríguez ha advertido que si no se definen las consecuencias al incumplimiento del tiempo fijado podría generarse la nulidad de las actuaciones y ha advertido que la medida «favorece la impunidad» en los delitos más complejos, como los de corrupción.
Rodríguez también ha indicado que el PP parece haber deducido que el único problema que provoca la dilatación de las causas es «la inactividad de los jueces» lo que constituye una «ofensa» para los magistrados.
Olabarría, por su parte, ha indicado que desembocará en investigaciones de «poca calidad» y faltas de pruebas.
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El diputado de IU, Gaspar Llamazares, –en su última intervención ante la cámara– ha dicho que «asistimos a dos reformas que en el fondo son una oportunidad perdida». «El Gobierno, en vez de modernizar el proceso criminal, nos propone más de lo mismo». «El Gobierno tiene una irrefrenable tendencia hacia la estética», ha concluido.