El considerado «conseguidor» de contratos para la trama Púnica, Alejandro de Pedro, se ha negado a declarar esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco alegando que no se encuentra en condiciones psicológicas de hacerlo con la «serenidad y el rigor necesario».
De Pedro, imputado por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad y fraude fiscal, ha comparecido por la tarde junto con el alcalde en funciones de Sevilla la Nueva (Madrid) y exdiputado de la Asamblea de Madrid, Mario de Utrilla.
Esta ha sido la segunda vez -ya declaró en octubre tras su arresto en la primera ronda de comparecencias de la ‘operación Púnica’- que De Pedro ha comparecido ante el juez, aunque hoy no ha respondido a sus preguntas y ha aportado unos certificados médicos para avalar que no está en condiciones psicológicas adecuadas para ello, han informado fuentes jurídicas.
Ante su negativa a declarar, el juez Velasco ha ordenado que se le retire el pasaporte y prohíba salir del territorio nacional, a petición de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García.
Alejandro de Pedro, dueño de las compañías Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) y Madiva, dedicadas al posicionamiento ‘on line’ en redes sociales, se ha acogido a su derecho a no declarar, tras aportar diversos certificados médicos que le recomiendan evitar situaciones de estrés y desaconsejan que acuda a las citaciones judiciales para su mejora clínica, según las fuentes consultadas.
El empresario valenciano ha puesto de relieve en un comunicado que su intención es colaborar con la Justicia y ayudar a «sacar a la luz toda la verdad con el fin último de reparar su honorabilidad como persona y como empresario». «Pero a día de hoy, mi estado psicológico y anímico me ha impedido contar mi verdad», ha añadido.
El imputado argumenta también que la mayor parte de la instrucción sigue bajo secreto de sumario, por lo que «ni siquiera» conoce los hechos que se le imputan, y explica que era dueño de dos empresas con 26 trabajadores contratados, que reinvertían sus beneficios en I+D y eran «rentables» habiendo facturado 846.692 euros, de los cuales 145.241 euros pertenecen a la Administración Pública en 2014.
El magistrado también ha interrogado en calidad de imputado al exdiputado del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid Mario de Utrilla quien ha asegurado que nunca adjudicó ningún contrato ilegal en este consistorio. El juez ha ordenado comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su domicilio. Utrilla ha sido emplazado en relación a un contrato que adjudicó el Ayuntamiento de Móstoles, de donde su hermano Alejandro Utrilla era concejal de Medio Ambiente hasta que el alcalde le destituyó por su imputación.
Ese contrato se otorgó por concurso a la empresa Cofely, vinculada a la Púnica, por 72 millones de euros, y el juez investiga si el hermano tuvo algo que ver en un supuesto trato de favor a Cofely a cambio de comisiones, un extremo que el imputado ha negado.
ESTA MAÑANA
Por la mañana han declarado otros dos imputados en el caso y que fueron detenidos ayer: el alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio (Madrid), Carlos Estrada (PP), y su pareja, la técnico municipal Teresa Martín.
Estrada y Martín, trasladados a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil, han quedado en libertad sin fianza tras responder a las preguntas del juez y de las fiscales de este caso, que está bajo secreto de sumario.
Se les imputan delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, por contratos supuestamente irregulares que adjudicó su ayuntamiento a la empresa Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez y vinculada a la trama corrupta que supuestamente lideraban el exconsejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza. (CONFILEGAL/EP)