Pasadas las elecciones municipales y autonómicas, el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, ha iniciado finalmente el juicio contra trece personas por la contratación y montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur, de Madrid, entre 2005 y 2009. Entre ellos, Francisco Correa y Pedro Crespo, supuestos cabecillas de la trama Gurtel.
De esas trece personas, dos son exconsejeras del entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps: Milagrosa Martínez, que ocupó la cartera de Turismo de 2004 a 2007, y Angélica Such, sucesora suya en el mismo cargo, entre 2007 y 2009. También figuran Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de Turismo, Ana Grau, coordinara de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) –la consejera era la presidenta de este ente-, Isaac Vidal, ex jefe del Área de Mercados de la AVT, Jorge Guarro, jefe del Servicio de Promoción de la AVT, y Juan Bover, jefe del Servicio de Infraestructuras Turísticas.
Por la trama Gürtel los encausados son Francisco Correa, líder de la misma, Pablo Crespo Sabaris, su número dos, Álvaro Pérez, “El Bigotes”, responsable de Orange Market, S.L., Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market, S.L., Isabel Jordan, ex administradora de empresas de la red, y Mónica Magariños, ex empleada de las empresas de Correa.
Pablo Crespo Sabarís -también exdirigente del PP gallego- declaró, tras la primera sesión del juicio, que fue dedicada a cuestiones previas, que «este juicio lo vamos a ganar porque de lo que se nos acusa es absolutamente falso».
El presunto número dos de la trama Gürtel y exdirigente del PP gallego, Pablo Crespo, ha afirmado, tras la primera sesión del juicio de la pieza de Fitur del caso Gürtel, dedicada a cuestiones previas, que: «Este juicio lo vamos a ganar porque aquello de lo que se nos acusa es absolutamente falso».
Según él, las defensas disponen de la documentación «necesaria» para «desmontar los escritos de las acusaciones».
Se ha referido, en concreto, a la alteración de pliegos y a la acusación de haber hecho regalos a políticos. «Esto es absolutamente falso y lo vamos a demostrar», ha insistido.
Sobre el tema de los regalos, ha agregado que hace muchos años, cuando era político, sí hizo regalos a otros compañeros por Navidad. Preguntado por si los ha efectuado a cambio de contratos, ha respondido: «No. A cambio de cariño, que es por lo que yo he hecho siempre los regalos en mi vida».
Crespo Sabarís ha lamentado que se esté celebrando un juicio «sin todas las pruebas encima de la mesa», en referencia a la documentación que obraba en la causa matriz de Madrid y a la que las partes de Valencia han tenido acceso recientemente. «Las circunstancias de la causa son insólitas en cuanto a la falta de documentación», ha apostillado.
«Lo grave -ha añadido- es que se nos han ocultado pruebas. Lo que habría que saber a continuación es quién y por qué se han ocultado esas pruebas. Algún responsable habrá, digo yo», ha aseverado.
El meollo de las acusaciones en este nuevo juicio se centra en las adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad pública de la Generalitat Valenciana, a Orange Market, S.L., y a otras sociedades vinculadas, la cual se ocupaba de organizar y llevar a cabo la mayor parte de los actos políticos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV).
De esta manera, las empresas de la supuesta trama obtuvieron los contratos de Fitur entre 2005 y 2007, cuando era consejera Milagrosa Martínez, y los que van de 2008 a 2009, bajo el mandato de Angélica Such.
Además de estos contratos, también se pactaron otros, como el del almuerzo Ifema así como otras ferias más: TCV Valencia, Expocavaciones Bilbao, STIC Barcelona, Intur Valladolid, Exporural, así como adjudicacioines de las Consejerías de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes. Éstas últimas con motivo de la contratación del diseño y montaje de “stands” en Fitur 2005 a empresas vinculadas a Orange Market, S.L.
Los acusados también tienen que responder de posibles duplicidades de abonos a las empresas investigadas y que, al parecer, contaron con la connivencia de las distintas autoridades y empleados públicos que tenían el cometidos de redactar los pliegos, de establecer los criterios de adjudicación, de emitir informes a la Mesa de Contratación, de concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a la red de empresas mencionadas de las que Orange Market, S.L., era el “barco almirante”.
IMPORTE FACTURADO: 5 MILLONES DE EUROS
La Fiscalía ha calculado que el importe total facturado a la Generalitat Valenciana por la trama Gürtel supera los 5 millones de euros. Los responsables de la trama supuestamente obtuvieron “ilícitos beneficios” por duplicidades de pago o sobrecostes de, por lo menos, 298.380 euros.
La investigación de esta causa tiene su origen en la instrucción que inició el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y que operaba en Madrid y Valencia. Lo que después recibió el nombre de “caso Gürtel”.
El TSJCV aceptó, en mayo de 2011, la causa, que hasta ese momento había sido instruida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por haber aforados de la Asamblea. El TSJM la dividió en tres piezas; en febrero de 2013 se sumaron otras tres piezas más.
El juicio que comienza el martes pertenece a la primera pieza sobre la que se dictó apertura de juicio oral hace un año, pero que tuvo que suspenderse debido a la dimisión, como diputadas, de Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El TSJCV consideró que dejaba de ser competente para su enjuiciamiento al haber perdido las dos el aforamiento, por lo que lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia.
El Ministerio Fiscal recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo, que dictaminó que debía ser el TSJCV el que juzgara a los procesados.
El juicio está previsto que se desarrolle en 37 jornadas. Comenzando el 31 de marzo y terminando el 8 de octubre. Se da la circunstancia de que las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez –que también es alcaldesa de Novelda, Alicante y que está suspendida cautelarmente de militancia en el PP, y Angélica Such, tendrán que declarar en plena campaña electoral. Lo mismo que los cabecillas de la Gürtel.
La Fiscalía solicita once años de prisión para la exconsellera Martínez, su jefe de Gabiente, Rafael Betoret y para el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo Sabaris; diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez, y nueve años de inhabilitación para la exconsejera Such.
Está previsto que declaren como testigos el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, recién condenado a 6 años y medio de cárcel.
En total, se han previsto 38 sesiones, una de ellas como reserva, y el juicio concluirá en diciembre, en vísperas de Navidad. Las declaraciones de acusados, testigos y peritos comenzarán el 19 de junio y concluirán el 10 de diciembre.
Esta pieza, que lleva más de cuatro años de instrucción, tuvo que ser suspendida el pasado mes de marzo después de que lo solicitaran los letrados de los acusados al alegar, entre otros motivos, que había cierta documentación que sí había estado a disposición de la UDEF y de la Fiscalía, pero no de ellos.
En concreto, las defensas se referían a unos papeles que se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, y a la que las partes no personadas en el procedimiento no habían tenido acceso. En este caso, recientemente la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV pidió al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional las claves de acceso de la web Alfresco-cloud, solicitada por las defensas, en la parte del material intervenido en diversos registros y únicamente para esta pieza, para que pudieran tener la información.
Además, las defensas también cuestionaron la imparcialidad del tribunal juzgador, por haberse pronunciado sobre recursos del caso, y una de las partes llegó incluso a recusar al magistrado Juan Climent por haber pertenecido al gobierno socialista en la etapa de Joan Lerma. No obstante, Climent continúa integrando el tribunal que juzgará esta pieza tras rechazar la sala la recusación planteada –fue por el letrado de Pablo Crespo, considerado número dos de la trama-. CONFILEGAL/EP.