El Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares ha condenado al trabajador y sindicalista de CCOO, Juan José Álvarez, por delitos de coacción, a 20 meses de multa y a pagar 260 euros de indemnización por participar en un piquete de huelga.
Desde el sindicato insisten en más allá del impacto penal y económico de la sentencia, “resulta inaceptable en un sistema democrático la campaña de acoso y derribo al derecho de huelga, en un intento programado por limitar dicho derecho y debilitar la legítima capacidad de presión sindical en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Es la calidad de la democracia la que está en cuestión, y con ella, el cuadro legal de derechos y libertades”.
Esta sentencia es el mejor ejemplo de que, a falta de pruebas –la trabajadora del local declaró no reconocer a Juan José Álvarez- y de que, según la propia sentencia, “los hechos no revistieron especial gravedad”, en el punto de mira de algunas autoridades judiciales y políticas, y de ciertos grupos económicos, está el derecho de huelga y el poder contractual de los sindicatos. “No lo vamos a tolerar y recurriremos a todos los medios que la democracia pone a nuestro alcance para que una de las herramientas esenciales del movimiento sindical en las sociedades abiertas y democráticas no sea neutralizada o devaluada por la intervención autoritaria de los poderes públicos o económicos”, aseguran desde el sindicato.
CCOO recuerda que no estamos ante un hecho aislado. Cerca de 300 sindicalistas con sentencia o a la espera de juicio, por ejercer el derecho de huelga, demuestran que lo que denuncian los sindicatos son hechos tristemente reales.
El intento del Gobierno conservador de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público y su decidida voluntad de reforzar el poder coercitivo del Estado frente a la movilización social y sindical no logrará acabar con la lucha sindical. “Vamos a defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores con la ley, la negociación y la movilización, pilares básicos de la libertad y la democracia, y vamos a seguir exigiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal”, concluye CCOO.