El Constitucional ADMITE EL RECURSO de la oposición contra la «LEY MORDAZA»

El Constitucional ADMITE EL RECURSO de la oposición contra la «LEY MORDAZA»

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12/6/2015 00:00
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Actualizado: 12/6/2015 00:00
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la mayoría de los grupos de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Tribunal Constitucional ha dado quince días al Congreso, el Senado y el Gobierno, para presentar alegaciones si lo consideran oportuno.

Más de 50 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, recurrieron a finales de mayo  varios preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, denominada popularmente como ‘ley mordaza’, porque vulneraba los derechos de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

En su recurso, los grupos de la oposición consideraban que la citada norma vulnera una docena de artículos de la Constitución, los arts. 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

La ley ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En su recurso, los grupos de la oposición  sotienen que el artículo 20.2 de la ley de seguridad ciudadana que “permite el registro corporal externo y superficial que, incluso, puede consistir en un desnudo total o parcial, pero para el que no se establecen los requisitos y garantías exigidos por la Constitución y plasmados en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional”. Y que ese apartado vulnera el artículo 10.1 de la norma fundamental, que reconoce el derecho a la dignidad de la persona; el 15, sobre el derecho a la integridad física y moral y el artículo 18, sobre la intimidad de las personas.

Igualmente la Ley de seguridad cidadana regula las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, concretamente, los artículos 36.2 y el 37.1,castigan como “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas”.

Esta ley regula aspectos como la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos, con el correlato de un régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley.

Los grupos de la oposición también pidieron impugnar la disposición final que legaliza por primera vez las llamadas “devoluciones en caliente” en la valla de Ceuta y Melilla, porque conculca el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.

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