Marcos García Montes, abogado de Bruno Hernández, el supuesto descuartizador de Majadohonda, considera de todo punto irregular la conducta de la psicóloga de la Guardia Civil para con su cliente: «Porque no siguió lo establecido por el juez».
García Montes convocó esta mañana una rueda de prensa para denunciar a la agente de la Benemérita, que, según él, le había advertido a su cliente de que si no colaboraba le iba «a perjudicar, porque tu abogado no quiere que salgas de prisión».
Y le advirtió que si no cooperaba con ella podría conseguir que lo cambiaran de módulo y que lo aislaran, «con lo que la vida en la cárcel le resultaría más difícil».
«Lo mejor es que el juez vea que no eres un `psicópata descuartizador`sino un joven con problemas. Si colaboras, podrías obtener beneficios penitenciarios y una reducción de condena».
De acuerdo con el abogado, eso es lo que la agente Cristina, le dijo a su cliente, lo cual quedó plasmado en un relato de los hechos redactado por Bruno Hernández, a petición suya, junto con otros dos más, el de Yolanda Arias Vega, la madre del procesado, y Bárbara Yanic, su compañera sentimental.
El letrado anunció que había puesto todo esto en conocimiento de Marcos Porcar, magistrado titular del Juzgado de Navalcarnero que lleva la investigación.
La Guardia Civil contestó horas después anunciando que existían «dos autos del juzgado» en los que se ordenaba un informe psicologico al acusado y se instaba a las autoridades de la prisión de Valdemoro a que facilitaran su entrada.
En el primero de ellos, del 15 de abril, se ordena la elaboración de un perfil psicológico y psiquiátrico para determinar la situación mental del acusado Bruno Hernández, ya que al padecer una enfermedad mental puede ser «inimputable y no entrar en prisión».
Para ello, tenían que hablar con el entorno del acusado y con el propio Bruno.
En el segundo, del 27 de abril, se dice a la prisión de Valdemoro que va a acudir una psicóloga de la Guardia Civil y se le pide «que le apoye». «Esta actuación es perfectamente legal», han señalado las mismas fuentes, que precisan que «todo» fue «ordenado y autorizado por el Juzgado».
La psicóloga en cuestión es una capitana de la Guardia Civil y responde al nombre de Cristina.
Sin embargo, según el abogado, «en las diligencias previas, que no auto, el magistrado ordena con claridad al Servicio de Psicólogos de la Unidad Tècnica de Policía Judicial que realice un informe en colaboración y cooperación con el médico forense -y esto es literal- para informar sobre la situación y afección de Bruno Hernández y su relación con los hechos».
El objetivo era que psicólogo y médico forense relizaran un informe psiquiátrico y psicólogo sobre su imputabilidad.
«El Juzgado emitió oficio el 27 de abril autorizando la entrada en el Centro Penitenciario de Majadahonda, comunicando la designación de una funcionaria y autorizando la entrada para entrevistarse con el imputado con el fin de hacerle pruebas psicólogicas el día 30 de abril y los que fueran necesarios», sigue relatando García Montes.
«La cuestión es que la psicóloga de la Guardia Civil no lo hizo el 30 de abril sino el 3 de junio, un mes y cuatro meses después, sin identificarse como como psicóloga. Y no consta que el informe lo hiciera de forma conjunta con el médico forense», añade.
Sobre las entrevistas con la madre, la hermanastra y la compañera sentimental del procesado, dice García Montes, el Juzgado no acordó, ni tampoco fue solicitado por los peritos psicólogos de la Guardia Civil, ningún tipo de entrevista.
A ojos de García Montes, «es de todo punto esperpéntico que la agente de la Guardia Civil se cite con las tres señoras en una cafetería para llevar a cabo una exploración de ese tipo», quien se mantiene en lo dicho esta mañana en su despacho.
«Una psicóloga de la Guardia Civil no puede ni debe decir las cosas que ha dicho tanto a mi defendido como a sus familiares. En el primer caso, la supuesta prueba pericial psiquiátrica o psicológica, llevada al margen del médico forense, no tiene ninguna validez, desde nuestro punto de vista. Y en el segundo, no es admisible ni la manera, ni lo que se les dijo», terminó diciendo.
Según la Guardia Civil, las acusaciones de presiones, supuestamente llevadas a cabo por la capitana Cristina, para que el acusado se autoinculpara de los hechos sucedidos en el chalé de Majadahonda, son «absolutamente falsas».