José Luis Pena, funcionario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Palma de Mallorca, fue apaleado por veinte hombres de nacionalidad rumana la madrugada de martes. Le rompieron dos costillas, produciéndole fisuras en otras dos y contusiones generalizadas. Uno de los agresores había sido desahuciado judicialmente días antes de un inmueble en S’Arenal.
Pena, que permanece ingresado, recuperándose de las heridas, convaleciente, en la Policlínica Miramar de Palma.
Los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CC.OO.) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) han denunciado públicamente la agresión y han pedido medidas de protección para los funcionarios públicos destinados en estos servicios tan conflictivos.
El funcionario, al parecer se hallaba tomando un cerveza en un local de la Calle Cartago de la Playa de Palma. Eran en torno a las 5 de la madrugada. Pena se fue al servicio. En ese momento, un hombre de nacionalidad rumana, entró en el mismo y comenzó a empujarle y a decirle cosas.
Pocos segundos después, aparecieron varios más y le dieron una gran paliza. “Intenté defenderme y noqueé a dos, pero eran muchos y me dominaron”, declaró después Pena a “Diario de Mallorca”.
El funcionario creyó identificar al primer atacante como la persona a la que había desahuciado días antes de su casa. “Los agresores no comentaron nada respecto a ese desahucio o a los motivos del ataque”, añadió.
Cuando todo acabó, Pena telefoneó a la Policía Nacional, pero no lo detuvieron. “Me preguntaron si lo identificaba como el primer agresor y dije que sí, pero entonces me dijeron que debería ir a que me asistiera un médico, después denunciar los hechos y que luego ellos ya actuarían”, dijo el agredido.
Desde el CSIF, sindicato mayoritario, exigen al Ministerio de Administraciones Públicas que de, «una vez por todas», proceda a llevar a cabo el protocolo de prevención de agresiones.
Además, CSI-F ha anunciado que se personará como acusación particular en el Juzgado, a igual que el STAJ, al tiempo que ha recordado que «lleva tiempo denunciando el incremento en el número de agresiones a los funcionarios».
«Los empleados públicos nos encontramos con un grave problema de inseguridad que se vive a diario, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz por la ausencia de un protocolo unificado», han advertido.
Según han explicado, el tipo de violencia que más sufren los empleados públicos es verbal -insultos, gritos, amenazas-, seguida por «verbal y física» -la agresión comienza con gritos y finaliza con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con una agresión física- y en tercer lugar directamente una agresión física.
Con todo, desde el sindicato han apuntado que el número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido «por la creencia de que la denuncia no sirve para nada, o por el miedo a las represalias de los usuarios». Por eso, anima a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones.
Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas, según han destallado desde el sindicato.