Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas son los principales focos de corrupción política e institucional, según un estudio realizado por la Fundación ¿Hay Derecho? bajo el título “Corrupción Institucional y Controles Administrativos Preventivos”.
Para analizar este fenómeno, la Fundación ¿Hay Derecho? partió del análisis de 330 sentencias emitidas por tribunales de toda España en el periodo comprendido entre 2011 y 2014 por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Ninguna comprende el “delito de corrupción” porque no existe como tal en el vigente Código Penal.
Y se concentraron en esas sentencias porque, como pudieron comprobar, en España no existe ninguna fuente de información que permita “caracterizar cuantificar, de forma rigurosa, la corrupción administrativa, política o institucional de nuestro país”.
De acuerdo con los resultados emanados del estudio de las sentencias, el delito más frecuente de los analizados es el de prevaricación –196 condenas; un 36 por ciento-, que incluye la prevaricación administrativa y la prevaricación urbanística, seguida por los delitos de malversación –178 condenas; un 33 por ciento- y cohecho –165 condenas; un 30 por ciento-.
El delito menos frecuente es el de tráfico de influencias –5 condenas; un 1 por ciento-.
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En torno al 65 por ciento de las fallos judiciales analizados incluían más de un delito asociado a la corrupción.
El estudio, asimismo, revela que los cuatro delitos mencionados se producen en seis ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas: contratación, contratación y selección de personal, urbanismo, subvenciones, procedimientos de autorización, revisión e inspección así como en casos puntuales.
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Según la Fundación ¿Hay derecho?, la contratación pública representa en España en torno al 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), unos 200.000 millones de euros, lo que supone el 40 por ciento del gasto público.
Los problemas que presenta la contratación pública en España se han puesto también de relieve recientemente en un reciente informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia que estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25 por ciento del presupuesto de la contratación pública.
En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6 por ciento del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año”.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS AYUNTAMIENTOS
En nuestro país conviven varios niveles territoriales de Administraciones Públicas: la Administración General del Estado, las Administraciones Públicas Autonómicas, dos ciudades autónomas, y las Administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, islas, mancomunidades, etc).
Las condenas por delitos asociados a la corrupción en función del nivel de la Administración a la que pertenecen los funcionarios y cargos públicos implicados denota un origen muy claro: Administraciones locales, un 48,5 por ciento; Comunidades Autónomas, un 24,4 por ciento y Administración General del Estado, un 27 por ciento.
Es decir, un 72,9 por ciento de las sentencias condenatorias tienen a cargos y funcionarios autonómicos y locales.
Del análisis de los ámbitos de actuación en función del nivel territorial de la Administración donde se producen casos de corrupción, se observa un dato muy relevante: los casos de corrupción en materia de contratación, los más numerosos como hemos visto, se dan exclusivamente en los niveles local y autonómico, y especialmente en el primero, a pesar de que la contratación, lógicamente, se produce en todas las Administraciones.
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En este sentido, el informe considera muy relevante la falta de casos en la Administración General del Estado lo que apunta a la existencia de unos controles administrativos mucho más estrictos.
De acuerdo con el estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?, el factor que explica que haya una mayor corrupción en las Administraciones Autonómicas y locales –especialmente en estas- y es precisamente que esos controles son deficientes.
Los funcionarios que tendrían que ejercer esos controles adolecen, en muchos casos de garantías de dependencia y neutralidad, y dependen del poder político, lo que hace que este sea uno de los focos de corrupción más importantes y uno de los principales problemas para prevenir la corrupción política en España.
“La mejor garantía para el buen funcionamiento de los controles internos es la existencia de un personal que pueda activarlos, lo que requiere una selección cuidadosa con arreglo a criterios objetivos, una carrera profesional basa en lo principios de mérito y capacidad y la protección contra ceses arbitrarios o expediente sancionadores infundados”, dice el informe en sus conclusiones.
“En definitiva, es esencial que se cumpla el principio básico de que el controlador no pueda depender del controlado”.
Esta Fundación, formada por un grupo de reputados juristas, tiene como misión la promoción de acciones, proyectos e iniciativas para la defensa del Estado de Derecho y la mejora del ordenamiento jurídico español y sus instituciones.
El citado informe es, precisamente, una de esas iniciativas.