Los ministros de Justicia de la Unión Europea han logrado hoy un acuerdo sobre el reglamento europeo para reforzar la protección de datos en internet y reconocieron el derecho de los ciudadanos a «ser olvidados» en la red.
Con este acuerdo se pretende mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica. Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la Comisión Europea.
La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. La nueva normativa incluye el derecho de los ciudadanos a «ser olvidados» en la red, es decir, a reclamar el borrado de todos los datos personales perjudiciales y no pertinentes.
La presidencia letona de la UE destacó que la medida «se adapta a la nueva realidad y garantiza la protección de los datos personales de los ciudadanos dándoles mayor poder de decisión», al tiempo que consideró que aumentará la confianza en los servicios en línea y esto será positivo para las empresas, en especial para las pymes.
Todos los Estados miembros, excepto Austria y Eslovenia, dieron su apoyo al texto de compromiso presentado por la presidencia, aunque en su mayoría estuvieron de acuerdo en que es «un punto de partida» que deber ser mejorado en las negociaciones con el Parlamento Europeo.
Entre las disposiciones novedosas de este Reglamento, se incluye la protección especial para los menores y la protección frente a técnicas de perfilado (profiling). Se refuerza igualmente la seguridad de los datos incluyendo la necesidad de comunicar al ciudadano afectado un régimen de responsabilidad que le garantice la reparación de los daños sufridos y una especial ponderación de la libertad de expresión que favorezca el trabajo de los medios de comunicación.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que el apoyo de España a esa norma persigue contribuir a la obtención cuanto antes de una reforma general en materia de protección de datos personales que va a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducir los costes para las empresas, evitando trámites innecesarios de notificación. «España esta de acuerdo con esta propuesta de reglamento aunque hay aspectos mejorables, es un buen punto de partida», señaló el ministro español de Justicia en el debate con sus homólogos europeos.