El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, convocó hoy a los componentes de la Sala de Gobierno a una cortísima reunión para preparar la reunión que mañana, a las 9.30 a.m., mantendrán con el ministro de Justicia, Rafael Catalá en la sede del Alto Tribunal.
Catalá tiene que informarles de la reforma en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referida a la supresión de los eméritos en toda la carrera judicial, y, en especial, de los del Tribunal Supremo.
Una reforma contenidas en dos enmiendas (la 371 y 376) promovidas por el Grupo Popular en el Senado, que elevará de los 70 a los 72 años la edad de jubilación forzosa de los jueces de todas las categorías (la voluntaria está en los 65 años).
Éstas acabarán con la figura del magistrado emérito en toda la carrera judicial y, de forma específica, en el Tribunal Supremo, donde, hasta ahora, pueden continuar hasta los 75 años como eméritos, cobrando lo mismo.
Las enmiendas se votarán, previsiblemente, en el Pleno del Senado del día 23 de junio, martes, por la tarde. Luego tendrá que ir a la Cámara Baja, como es preceptivo.
A partir de octubre, cuando entren en vigor estas reformas, ya no será así.
El presidente Lesmes quiso dejar claro a los once miembros de la Sala de Gobierno, en esa «reunión relámpago», que él «no tenía nada que ver» con las enmiendas impulsadas desde el Legislativo. Que era un problema del Ministerio de Hacienda, «que se ha opuesto rotundamente» a mantener el actual estado de cosas.
A los asistentes les quedó claro el mensaje: La supresión de los magistrados eméritos en el Tribunal Supremo es culpa del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro.
¿De quién si no?