Fermín Otamendi, el juez que instruye el denominado «caso Osasuna», estima que hay indicios de que, desde el club navarro, se destinaron 900.000 euros a amañar, al menos, tres partidos de la temporada pasada.
En concreto, se trataría de 250.000 euros entregados presuntamente a jugadores del Espanyol por un empate y 650.000 a jugadores del Betis por dos partidos (400.000 por ganar al Valladolid y 250.000 por dejarse ganar por Osasuna).
El magistrado Fermín Otamendi, que ha ordenado el levantamiento parcial del secreto del sumario, sigue investigando otros partidos cuyo resultado también fue presuntamente alterado por Osasuna, así como el destino de 2,4 millones de euros extraídos en metálico de las cuentas del club.
En las diligencias abiertas, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona no ha hallado evidencias de que se hubiera firmado un contrato entre el fondo Flefield (afincado en la isla de Madeira) y Osasuna por importe de 1.440.000 euros.
El juzgado está pendiente de recibir la información reclamada a las autoridades portuguesas a través de una comisión rogatoria, si bien considera que todos los datos apuntan a que tanto el supuesto contrato como las correspondientes facturas «son falsos» y se crearon por directivos del club para «justificar contablemente la salida de importantes cantidades de dinero en metálico».
De igual forma, el juez Otamendi, que mantiene el secreto de una parte de las actuaciones, considera acreditado que el supuesto pago efectuado el 1 de junio de 2013 a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Alberto Nolla por importe de 900.000 euros «no llegó a realizarse nunca» y el recibo del pago es también falso.
El juez ha acordado también abrir otra pieza separada para extender la investigación a la presidencia de Pachi Izco al haber descubierto que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico 3.090.000 euros de las cuentas del club.
Según expone hay «fuertes sospechas» de que, al menos parte de dicho dinero, pudo destinarse no tanto a posibles amaños de partidos sino a la «gestión desleal del patrimonio de Osasuna», lo que podría dar lugar a delitos de apropiación indebida, societarios, de falsedad contable, blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública.
INVESTIGA A ARCHANCO POR UN DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE
El juez ha abierto otra pieza separada para determinar si el expresidente de Osasuna Miguel Archanco, al que se reclama una fianza de responsabilidad civil de 3 millones de euros, pudo haber cometido un posible delito de insolvencia punible por haberse desprendido de diferentes bienes inmuebles de los que era propietario, para, en definitiva, regalárselos a su esposa y sus dos hijos “escasas semanas después de abandonar la presidencia” de Osasuna, “constituyéndose en una situación de insolvencia, al menos parcial”.
El juez no solo ha acordado investigar la comisión de un posible delito por parte del expresidente de Osasuna, su esposa y sus hijos, sino que ha decretado el embargo de todos los bienes inmuebles al existir «fuertes indicios» de que dichas liquidaciones y donaciones «puedan ser constitutivas de delito y, por ende, nulas de pleno derecho», ya que “el verdadero propietario de dichos bienes” sigue siendo Miguel Archanco.