El jurado popular dictamina que EL GUARDIA CIVIL ASESINÓ a su ESPOSA

El jurado popular dictamina que EL GUARDIA CIVIL ASESINÓ a su ESPOSA

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19/6/2015 00:00
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Actualizado: 19/6/2015 00:00
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Culpable de asesinato, con la agravante de parentesco. Ese es el veredicto al que han llegado hoy los 9 hombres y mujeres que componían el jurado popular que ha juzgado al guardia civil, Raúl Peña, bajo la dirección del magistrado Joaquín Delgado.

El tribunal popular llevaba desde el pasado miércoles deliberando sobre el caso. 

Raúl Peña había sido acusado de asesinar a su mujer, Sonia Esteban, mientras dormía en el domicilio familiar de ambos, en Aranjuez, Madrid, tras haber jugado con su pequeña, de 2 años y 9 meses. 

El suceso tuvo lugar el 10 de marzo de 2013. Peña ingresó en prisión el 7 de junio de ese mismo año. 

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha abrazado la versión del Ministerio Fiscal, que en su escrito de calificación, relató que el guardia civil comenzó a tener discrepancias matrimoniales con su mujer en 2012, con la que llevaba casado desde el 25 de abril de 2009. Sonia Esteban trabaja como auxiliar interina de enfermería. 

La mujer comentó, antes de ser asesinada por su marido, la delicada situación por la que atravesaba el matrimonio así como su decisión de poner fin al mismo. 

El 10 de marzo de 2013 la mujer llegó a su domicilio sobre las 09.00 horas tras haber terminado el turno de guardia, momento en el que la pareja inició una fuerte discusión por el asunto de la separación. Minutos después, y tras haber jugado con su hija, la mujer se dirigió a su dormitorio a descansar después de haber pasado toda la noche trabajando.

El acusado, una vez que ella se quedó dormida, y aprovechando esa circunstancia, hacia las diez de la mañana se dirigió a la habitación y con su arma reglamentaria le disparó en la sien derecha, resultando este disparo mortal de necesidad, si bien la mujer no moriría inmediatamente, sino a las 12.45 horas.

El acusado, no obstante, avisó al teléfono de emergencias 112, sobre las 10.33 horas, diciendo que la mujer se había suicidado.

La Fiscalía pide 20 años de prisión y la privación de la patria potestad de su hija, mientras, las acusaciones particulares solciitan una pena de 25 años, ya que, añaden el delito de omisión del deber de socorro. La victima no murió en el acto. Estiman que «no hubo ningún tipo de reanimación por parte del imputado, si bien si movió el cuerpo para que lo pareciera».

«Dejó transcurrir tiempo suficiente para asegurar su muerte, se lavó las manos, recogió restos biológicos y llamó al 112».

Al magistrado Joaquín Delgado le corresponde ahora imponer la pena, dentro de la sentencia que tiene que elaborar a partir del veredicto del jurado. 

 
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