Enrique Gómez Piñeiro, director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), mañana tiene que explicar, como imputado, al juez De la Mata por qué y en calidad de qué recibió Caco Senante 30.354 euros.
Gómez Piñeiro tiene que declarar en el marco de la pieza principal de la causa en la que se investigan la supuesta desviación de fondos que se produjeron bajo la presidencia de Eduardo ‘Teddy’ Bautista.
Está imputado por los delitos de falsedad, apropiación indebida y/o administración desleal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, señala que los hechos investigados se produjeron cuando Gómez Piñeiro ocupaba el cargo de director de Comunicación Pública de la entidad, periodo en el que pudo producirse una «ilícita salida de fondos» a favor de Senante por medio de «una remuneración periódica indebida» de 30.354 euros.
De acuerdo con informes de la Guardia Civil, el desembolso se hizo en nueve pagos entre octubre de 2010 y junio de 2011. Las cantidades fueron recibidas, mediante la emisión de las preceptivas facturas a la SGAE, por la empresa Algo Distinto, S.L., en concepto de servicios prestados a la Comunidad Autónoma de Canarias. Estos informes dicen que «no hay constancia de que se formalizase en documento alguno». Ni que hubiera contratación, ni tampoco las labores que tenía que realizar y las cantidades que iba a percibir.
De la Mata considera, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que la práctica de la declaración es «procedente» para «la averiguación de los hechos y presuntos delitos» que se persiguen en «la presente instrucción».
Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la filial digital SDAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye la comisión de delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.
También fueron imputados Eduardo ‘Teddy’ Bautista, expresidente de la SGAE, los cantantes Caco Senante y José Ramón Márquez Martínez, ‘Ramoncín’, Enrique Loras, exdirector general de la entidad, Ricardo Azcoaga, exdirector financiero, Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis, y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.
El juez también dirigió la acción penal contra tres familiares de Ramos -su esposa, María Antonia García Pombo, su cuñada, Pilar Eva García Pombo, y su hija, Sara Ramos Vázquez- y otros dos de Rodríguez Neri -su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri, y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez-.
Según la investigación de Ruz, Bautista «autorizó, consintió e impulsó» la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como ‘operación Saga’, que había sido ideada por Rodríguez Neri.
En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió «importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios» a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri. EP.