Los 16 supuestos errores contenidos en el nuevo Código Penal no tienen ninguna consecuencia práctica ni afectan a los derechos de los ciudadanos, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Por ello, el Gobierno no va a abordar ningún tipo de enmienda.
«He leído con atención estos días que un académico ha detectado la aplicación de dos clasificaciones de tipo de pena, como delito leve o delito menos grave», explicó en la rueda de prensa que dio, conjuntamente con la comisaria europea de Justicia, la polaca Vera Jourová, en el Ministerio de Justicia.
«El Código Penal es una ley que ha tenido un periodo de elaboración prolongadísimo. Primero en la fase inicial, por una comisión de expertos. Luego la tramitación, como proyecto de ley del Gobierno, que fue informado por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía General del Estado y por el Consejo de Estado. Luego ha estado en el Congreso de los Diputados durante un año y medio, en periodo de enmiendas. Finalmente, se aprobó y entrará en vigor el 1 de julio. Y ahora parece que alguien ha encontrado algo que califican como relevante», añadió.
«A mi lo que me dicen los expertos es que simplemente algún tipo de delito puede quedar clasificado o bien como delito menos grave o como delito leve. Lo único que significa esa posible dualidad es simplemente que comparten la duración de la pena de tres meses, pero no significa, de ninguna manera, una reducción de la pena».
«Simplemente coinciden en esa doble clasificación. Cuando sucedan estos supuestos, si los jueces deciden tramitarlo como delito leve, que es el de menor gravedad de los dos, eso implicará una mayor agilidad porque será de aplicación una regla procesal más ágil. Estaremos, por lo tanto, en presencia de una resolución más rápida. No se verá reducida la pena que este tipo de delitos puedan tener», agregó el titular de justicia.
«Por lo que me informan los expertos, es una cuestión de debate académico sin ninguna consecuencia práctica y que en todo caso, garantiza la pena establecida para cada tipo de delito», concluyó.
Por otra parte, Catalá se refirió también -sin nombrarlo- al caso del dirigiente de Batasuna, Arnaldo Otegui, y a su supuesta intención de presentarse a las elecciones autonómicas que se celebrarán el año que viene en Euskadi.
El líder batasuno -que cumple condena por tratar de reconstruir Batasuna- puede beneficiarse de una interpretación de la Fiscalía General del Estado sobre inhabilitaciones especiales.
La vía de que permitiría el regreso de Otegui es que en la sentencia de otro líder vasco, Iker Casanova, no se establece los cargos públicos a los que afecta la inhabilitación, algo que tiene que hacerse. Un hecho que también ocurre en la sentencia de Otegui. Éste termina de cumplir su condena en abril del próximo año.
Catalá, evitando nombrar a Otegui explicó que el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina consolidada de que las penas no pueden ser genéricas: «Tienen que ser concretas, definitivas, y establecidas expresamente en relación con la limitación de derechos que puedan establecerse por el tribunal sentenciador».
«Por eso, cuando se dicta alguna sentencia donde se declara una inhabilitación genérica, en la que no se concreta para qué tipo de derechos, si de sufragio pasivo, de sufragio activo, para el ejercicio de cargos públicos, para lo que fuere, ha de interpretarse que ha de tenerse por no puesta, por no ser una pena específica», explicó a los reunidos
En esos casos, según Catalá, «se requiere o bien un trámite de aclaración, si fuese posible todavía -en términos procesales- o la aplicación de la doctrina constitucional referida, de que las penas genéricas no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico».
Por otra parte, el ministro de Justicia expresó el apoyo del Gobierno español al Reglamento Europeo de Protección de Datos, aprobado el pasado lunes en la reunión JAI de Luxemburgo.
En opinión del ministro de Justicia, el Reglamento está destinado a una protección eficaz de la intimidad y los derechos fundamentales de las personas ante la amenaza de una posible recopilación y uso indiscriminado de los mismos.
Catalá considera que solo a través de esa reforma se conseguirá aumentar el control que los ciudadanos puedan tener sus propios datos y reducir costes en las empresas, al liberarlas de trámites innecesarios de notificación.
La postura española defiende, además, la necesidad de mantener una elevada protección de los derechos de los individuos, en especial en Internet, proporcionando cierta flexibilidad a los Estados miembros en la adaptación del Reglamento a ciertos sectores como el público. La norma europea propugna la necesidad de que la protección de datos personales no se base únicamente en sanciones sino también en la prevención de infracciones.
Por su parte, la comisaria Jourová, con la que Catalá mantuvo un encuentro de trabajo para tratar temas como la Fiscalía Europea, aspectos referentes a la justicia penal europea, la agenda de seguridad, la política común en la lucha contra la violencia de género y el recién aprobado Reglamento Europeo de Protección de Datos, calificó de «crítica» la aprobación de este Reglamento para seguir avanzando hacia el mercado único digital de la Unión Europea y restaurar la confianza de los ciudadanos europeos en la economía digital.La comisaria europea de Justicia agradeció al Gobierno de España y, en particular, al ministro Rafael Catalá, su apoyo a esta iniciativa y dijo confiar en que la relación con España en ésta y otras materias de la agenda europea de Justicia se mantenga en la línea de la colaboración ágil y constructiva que existe actualmente.
Jourová subrayó la «ambiciosa reforma» emprendida por el Gobierno de España para mejorar la administración de Justicia, y confió en que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios, fundamentalmente en modernización y digitalización de procesos, porque «es interés de todos que el sistema judicial sea independiente y eficiente». CONFILEGAL/EP.