La Audiencia Nacional celebra hoy un nuevo juicio contra el etarra Beinat Aguinagalde por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco cometido el 7 de marzo de 2008 en Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), que el Tribunal Supremo ordenó repetir.
El alto tribunal ordenó repetir el juicio al entender que no valoró los reconocimientos fotográficos realizados por dos testigos que habían sido propuestos por la acusación.
Tres magistrados diferentes a los que participaron hace un año en el juicio contra Aguinagalde, que acabó con su absolución por falta de pruebas, formarán el tribunal que revisará de nuevo el crimen de Carrasco, que se cometió el último día de campaña en las elecciones generales de 2008. Los jueces Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Clara Bayarri formarán el nuevo tribunal en la causa en la que el acusado se enfrenta a una petición fiscal de 32 años de cárcel.
El Supremo anuló el pasado enero la sentencia absolutoria al entender que la Sección Tercera vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la familia de la víctima al excluir como prueba de cargo los reconocimientos fotográficos efectuados en su día por dos testigos. El fiscal del Supremo Luis Fernando Rey tachó de «abitraria e irrazonable» aquella resolución.
Beinat Aguinagalde Ugartemendia, detenido en febrero de 2010 en Cahan (Francia) y procesado por el asesinato del empresario Ignacio Uria en el municipio guipuzcoano de Azpeitia en diciembre de 2008, volverá así a sentarse en el banquillo de los acusados por la posible comisión de delitos de asesinato terrorista, tenencia de armas y daños.
Según el Supremo, la gravedad de los hechos -un atentado terrorista con una víctima mortal- «exige una valoración muy minuciosa y detallada de la prueba de cargo, sin recurrir a fórmulas estereotipadas ni excluir de la valoración pruebas de cargo realmente válidas».
En el nuevo juicio, la Fiscalía volverá a pedir que Aguinagalde sea condenado a 32 años de cárcel como autor de los cinco disparos que atravesaron el cristal delantero del coche de Carrasco y le causaron «gravísimas heridas», por las que falleció poco después.
En su sentencia absolutoria, la Audiencia Nacional consideró que la prueba decisiva contra el terrorista, un reconocimiento fotográfico del etarra como autor de los disparos por parte de un testigo, había perdido validez porque se celebró «un año después de los hechos». Y además, porque «un reconocimiento fotográfico no es prueba de cargo, pues se trata meramente de un acto de investigación», señalaron los magistrados, para apuntar que los «rasgos físicos muy superficiales» descritos por una segunda testigo presencial eran insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. (CONFILEGAL/EP)