PABLO LLARENA: «La prohibición de tomar IMÁGENES DE LOS DETENIDOS me parece perfecta»
Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Confilegal.

PABLO LLARENA: «La prohibición de tomar IMÁGENES DE LOS DETENIDOS me parece perfecta»

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22/6/2015 00:00
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Actualizado: 22/6/2015 00:00
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Las cosas no siempre son blancas ni negras, sino grises. En algunas ocasiones no tienen ningún matiz, son lo que son. Como la prohibición, a los medios de comunicación, de tomar imágenes de los detenidos. Era “una demanda que, en términos de calidad democrática, se llevaba haciendo desde hace muchísimos años. y si ha sido por la detención de Rato, bienvenida sea”. Es lo que piensa Pablo Llarena.

TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL Y YOLANDA RODRÍGUEZ. 

La asociación que preside cuenta con 1.450 afiliados. Es la primera de las cuatro asociaciones de jueces, un colectivo que representa a un poco más de la mitad de los 5.300 jueces –hombres y mujeres- españoles.

Llarena, además de presidente de la APM, es presidente también de la Audiencia Provincial de Barcelona, por lo que posee una experiencia probada en gestión y en medios de comunicación.  Se resiste a entrar en la dinámica mediática. En ver las cosas en blanco o negro. Todo está plagado de matices, desde su punto de vista.

Comenzamos hablando sobre la última iniciativa parlamentaria del PP de impedir que se repitan las imágenes de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, siendo detenido e introducido en un coche –con mano sobre la cabeza incluida- por los agentes de la autoridad. En esto no tiene ninguna duda. No hay matices

¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa del Gobierno de prohibir, por ley, a los medios de comunicación la toma de imagen de detenidos?

La propuesta legislativa me parece perfecta. Pero creo que lo primero que hay que hacer es centrar la cuestión. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece ningún tipo de sanción para quienes tomen imágenes de los detenidos. Lo que dice el artículo 520 es que se adoptaran medidas para garantizar la defensa de los derechos fundamentales del inculpado.

Lo que se proyecta en el texto es que el Estado tiene la obligación de no dejar retratar. De preservar los derechos de presunción de inocencia y el derecho a la propia imagen que tiene la persona detenida. La decisión va a comprometer la actuación de la policía, de los jueces, del modo de hacer en instituciones penitenciarias y del sistema estatal en general. 

Esto no debe considerarse como un antojo del Gobierno y del legislador. Hay muchas sentencias que marcan la obligación que se va a recoger en la Ley. Quizá la más notoria sea la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  en concreto la del caso de Allenet de Ribemont contra Francia (de 1995). El detenido había sido acusado del asesinato de un secretario de Estado francés, que era precisamente quien había negociado la independencia de Argelia.

Cuando detuvieron a Allenet de Ribemont, el ministro de Interior francés dio una rueda de prensa anunciando que todos los asesinos habían sido capturados. En la rueda de prensa se hizo acompañar por el equipo de policías que había llevado a cabo la operación, y por el propio detenido. Se le exhibió así como uno de los responsables del asesinato, ante prensa, fotógrafos, cámaras de televisión y opinión pública en general. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo  que la presunción de inocencia no sólo tiene que tener una proyección dentro del proceso, sino que también debe tener una manifestación extra-procesal que debe preservar el Estado.

Pero hay más casos. Nuestro Tribunal Constitucional recoge el derecho de los detenidos a su propia imagen, en su sentencia 13/2003.

«SI SE HA HECHO POR LAS IMÁGENES DE RATO, BIENVENIDA SEA LA DETENCIÓN DE RATO»

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Sí, y curiosamente se toma la decisión cuando el afectado es un exvicepresidente del Gobierno del partido que tiene el poder en estos momentos. No se hace con Isabel Pantoja, por ejemplo…

Si se ha hecho por las imágenes de Rato, bienvenida sea la detención de Rato. Ésta era una demanda que, en términos de calidad democrática, se llevaba haciendo desde hacía muchísimos años.

Alberto Ruiz Gallardón declaró recientemente en Sevilla que había que volver al sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial de 1980. Recordemos que fue él quien provocó el último cambio que posibilitó que todos fueran elegidos por el Parlamento sin requisitos y sin que las asociaciones judiciales jugaran papel relevante alguno. Esto ha provocado una catarata de críticas. ¿La época que lideró Gallardón al frente del Ministerio de Justicia fue tan mala como nos parece ahora?

Bueno, de su época se han materializado la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma del Código Penal, que es tradicional de todas las legislaturas. Fue una lástima que no saliera el proyecto de ley de Tribunales de Instancia que, desde el punto de vista de la organización judicial, era muy importante.

Quizá el problema del Ministerio en la época de Gallardón es que fue muy ‘aspero’. En ciertos aspectos se percibía a los Jueces, más como un problema que como una solución.

Con ‘áspero’ quiere decir arrogante?

‘Aspero’. Dejémoslo ahí. Pero también se encontró con una carrera judicial que se concentró en deslegitimar  de forma ciega, los proyectos que impulsaba.

Él fue, en esencia, el provocador. A las pruebas nos remitimos…

No sé si lo provocó él. Desde luego, la inteligencia está en compensar los problemas, no en insuflarlos.

La fallida ley de tribunales de instancia, que era suya, tenía dos cosas buenísimas: por un lado, la especialización de los jueces. Eso quiere decir que los ciudadanos podrían contar con resoluciones judiciales más especializadas y, segundo, que los jueces no estarían obligados a estudiar técnicamente cuestiones muy diversas, pudiendo resolver los procedimientos con más desahogo.

Luego, tenía otra innovación importante, que era acabar con la progresión en la carrera judicial por antigüedad o escalafón. El escalafón es la gangrena de la excelencia. Está machacando a toda una generación de jueces en un sistema en el que -hagas lo que hagas- no mejoras tus posibilidades profesionales en una carrera que siempre va a ser una pirámide.

También hizo un proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algo totalmente necesario, por más que en ella no me gustaba la atribución de la instrucción a los fiscales , pero…

El Gobierno de Zapatero también hizo otro proyecto de nueva ley procesal penal que tampoco vio la luz. No es, por lo tanto, un mérito.

Es cierto y ese proyecto no se criticó, salvo también la voluntad de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal. Al Ministerio de Justicia de Francisco Caamaño le criticamos que prometió crear 600 nuevas unidades judiciales y 700 plazas de jueces. Fue entonces cuando empezó a sacar  plazas de jueces pero sin crear las unidades judiciales prometidas. De ahí vienen muchos de los Jueces de Adscripción Territorial, los JATs, que tenemos ahora.

También le critico que nos bajara el sueldo un 10 por ciento. Que ya sé que la bajada de sueldo operó en todos los trabajadores públicos, pero el porcentaje tenía que haber sido el mismo. No lo fue y aquí tampoco pasó nada.

Bueno, el señor Gallardón introdujo la Ley de Tasas en 2012 que provocó un ‘incendio’ público…

Yo creo sinceramente que se abusa del ejercicio de la justicia. Cada vez que un señor recurre una multa de 150 euros está generando un pleito. También cuando uno se opone a una demanda sabiendo que le reclaman con razón. Uno, y otro, y otro, sumados, crean un tapón que, al final, ralentiza el funcionamiento de la maquinaria de la Justicia para los que verdaderamente lo necesitan. No es lógico que el uso abusivo de la justicia lo paguen todos los ciudadanos.

Nosotros siempre hemos defendido la reimplantación de las tasas judiciales, aunque hubiera sido mejor que las tasas se liquidaran al final del proceso y que las pagara quien perdiera el procedimiento, con dos excepciones: cuando el que pierda el procedimiento goce del beneficio de justicia gratuita o cuando –pese a haber perdido el procedimiento- el juez en sentencia declare que su pretensión era jurídicamente sustentable y no ha habido un uso abusivo del sistema judicial.

«DESDE LUEGO RECONOZCO QUE GALLARDÓN NO SUPO COLOCAR BIEN SU PRODUCTO» 

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La mayor parte de los ciudadanos no son de ese perfil. ¿Aprueba la gestión de Gallardón? Le avisamos que va contra corriente…

[Se ríe] Muchos de sus proyectos se van a retomar seguro en futuras legislaturas. Apruebo los proyectos, en esencia, aunque es evidente que sería necesario matizarlos muchísimo. 

Pero, desde luego, reconozco que no supo colocar bien su producto. No solo te hace falta tener una buena prótesis de platino,  tienes que saber implantarla. Para impulsar un proyecto de reforma estructural de la Justicia necesitas un compromiso a futuro con otras fuerzas políticas, porque su ejecución es muy lenta. Y necesitas contar también con la complicidad de todos los profesionales que participan en el sistema.

Los jueces le hicieron una huelga…

Nosotros no participamos. Se la hicieron Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Nosotros hicimos una huelga siendo Caamaño Ministro de Justicia y considero que fue el mayor error de nuestra historia.

Pasemos a las necesidades de la Administración de Justicia. Sus compañeros de la Francisco de Vitoria dicen que son necesarios 450 órganos judiciales nuevos. Jueces para la Democracia afirma que son 1.000. ¿Cuál es su opinión? 

Es que ese no es nuestro enfoque. Es evidente que en España, ahora mismo, hay juzgados con cargas de trabajo superiores a las soportables, en términos de funcionamiento eficiente, por lo que es también evidente que habría que crear órganos judiciales para reforzar esos territorios.

Pero no se puede hablar de la creación de órganos judiciales sin afrontar ‘la transformación’ del sistema. Lo primero que toca hacer es crear el expediente digital, porque la forma de mecanización de los procesos que estamos siguiendo es de otra época. Es esencial digitalizar todo el proceso. Una vez hecho habría que completar, de una forma definitiva, la reforma de la Oficina Judicial, con los tribunales de instancia.

En la nueva arquitectura tiene que jugar un papel central la especialización de los jueces. Tenemos jueces que tienen que resolver hoy un swap (producto financiero), mañana una sustracción internacional de  menores en el seno de un matrimonio mixto y pasado instruir un delito contra la Hacienda Pública. Estudian cuestiones totalmente heterogéneas que ponen en riesgo la profundidad de algunas resoluciones y que multiplican exponencialmente el esfuerzo de estudio de cada juez .

Una vez creados los tribunales de instancia, con jueces especializados, implantado ya el expediente digital y funcionando una nueva Oficina Judicial diseñada acorde con los nuevos tiempos, es cuando se tiene que hacer una evaluación de cuántos jueces realmente se necesitan en España; no antes.

Y, desde luego, cuantos menos se necesiten, mejor. 

Hasta entonces, no dudo que hay que crear órganos judiciales en todos aquellos territorios donde los módulos están muy por encima de lo tolerable. Pero, lo lógico es hacerlo después de achicar parte de ese trabajo hacia aquellos órganos judiciales que no tienen esa misma carga de trabajo. Pero –mientras no se haga la reforma estructural de la que he hablado- va a ser poco menos que un parche.

¿Cree que el ministro Catalá llegará a su objetivo de introducir el expediente digital para el 1 de enero de 2016?

Es imposible. Agradezco, sinceramente, que el Ministerio se haya lanzado de una vez por todas a dotar a los tribunales del expediente digital, porque es la primera gran pieza de una reforma estructural en materia de Justicia. Pero no creo que sea plenamente alcanzable en el tiempo que le queda.

Desde luego, cuanto más ahínco y más vocación pongan en conseguirlo en la fecha que han dicho, más posibilidades hay de conseguir los objetivos.

¿No cree usted que uno de los grandes obstáculos para la modernización de la Justicia son, precisamente, la existencia de 13 Administraciones de Justicia diferentes –Ministerio y 12 Comunidades con competencias transferidas- y un Consejo General del Poder Judicial?

Es un inconveniente, claro. Lo que pasa es que la experiencia te enseña que en política, las decisiones de cambio no tienen marcha atrás.

Sin embargo, existen otros modelos en el mundo diferentes al español en el que todo lo relativo a la justicia está organizado de forma concentrada, y son altamente eficaces…

No creo que toda la gestión en materia de Justicia pudiera concentrarse en el Consejo General del Poder Judicial. Los vocales serían los que tomaran al  final las decisiones y tendrían que ser unos vocales muy conscientes  de su limitación en cuanto a la organización de cuestiones que nos son totalmente ajenas, como son la construcción y dotación de edificios, la dotación de medios electrónicos, la gestión nacional de funcionarios, del Ministerio Fiscal, de los secretarios judiciales,  de los forenses…

Tenemos entendido que en el Consejo se está llevando a cabo un estudio de los módulos de trabajo. ¿Le ha dado participación a la APM?

El otro día me llegó un correo en el que nos comunicaron que se iba a constituir un grupo de trabajo con las asociaciones judiciales y que iban a comenzar los trabajos.  Hemos designado ya a una representante de nuestra asociación y cuenta –dentro de la APM- con un equipo de compañeros para ayudarle en esta cuestión.

¿Cuál es la relación de la APM con el Consejo General del Poder Judicial? Sus compañeros de los resto de las asociaciones dicen que se sienten “ninguneados”.

La última reforma de la LOPJ modificó el sistema de elección de vocales y el funcionamiento interno del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que en la Asociación Profesional de la Magistratura aspirábamos a que nuestra participación en el seno del Consejo fuera más relevante. En todo caso, seguimos teniendo representantes: Juan Manuel Fernández, Wenceslao Olea, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya. Todos ellos contaron con el aval de la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, que prestó apoyo a los candidatos que presentamos en lista y a los asociados que se presentaran con avales de compañeros. Por otro lado, nos desgastamos en aumentar nuestra influencia en el Consejo, más que en reniegos improductivos.

«VEINTE VOCALES DEDICADOS A TIEMPO COMPLETO SON CAPACES DE REALIZAR MÁS Y MEJOR ACTUACIÓN QUE CINCO O SIETE PERSONAS DEDICADAS A TIEMPO COMPLETO»

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¿Esa estructura de Consejo que ha dotado el legislador es más eficaz que la anterior? 

Yo pienso que veinte vocales dedicados a tiempo completo son capaces de realizar más y mejor actuación que cinco o siete personas dedicadas a tiempo completo.

Se ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial está sobredimensionado con 20 vocales.  Probablemente el número ideal de vocales no sea veinte, pero tampoco siete, sino un termino medio. En todo caso, como la Constitución fija que el Consejo debe tener veinte  vocales, sigo pensando que trabajarán mejor y con más alcance si todos lo hacen con dedicación exclusiva. Es una consecuencia del principio de responsabilidad y de buen gobierno.  Lo que hace falta es acertar en la designación de esos veinte integrantes.  

¿Cree que la ampliación de los miembros de la Comisión Permanente, de 5 a 7 miembros, es positiva?

Nosotros siempre hemos defendido la morfología anterior. Cuando en  el proyecto de Gallardón se preveía una Comisión Permanente y que los restantes vocales compaginarían sus ocupaciones habituales con la asistencia a un Pleno mensual, nos fuimos a hablar con el ministro para sugerir que se volviera a la morfología anterior.  

No fue así y lo sabíamos, porque el convencimiento estaba muy definido en cuanto a la construcción actual. No obstante, recuerdo que el proyecto contemplaba una comisión permanente de tres vocales judiciales y otros tres vocales no judiciales. Esgrimimos que la Constitución fija una mayoría de vocales de procedencia judicial y que esa mayoría debía proyectarse también en la comisión permanente, pues iba a tomar decisiones que agotaban la vía administrativa en el seno del Consejo.  Desde esa observación pedimos que –de mantenerse la idea de comisión permanente que hoy funciona-, se creara con cuatro vocales de procedencia judicial y tres de procedencia no judicial.

Se acogió la mayor presencia judicial, pero con otros números. Se estableció una Comisión Permanente con tres vocales judiciales y dos no judiciales. Ahora, finalmente, parece que nuestra sugerencia de cuatro y tres, resulta ser más acertada; pero esperamos que de ahí se pase a una participación a tiempo completo de todos los vocales.

Sus compañeros coinciden también en que el Consejo está tratando de crear una conexión directa con la carrera judicial, con los 5.300 jueces, dejando a un lado a las asociaciones. ¿Comparte usted esta percepción?

Que el Consejo General del Poder Judicial tenga una buena y estrecha relación con los jueces, me parece positivo. Creo que sería lo ideal. 

Sin embargo, si el Consejo piensa que va a poder desarrollar una relación con los Jueces al margen de la realidad asociativa, yo creo que se equivoca en el planteamiento. Las asociaciones judiciales se constituyen por una agrupación voluntaria de los propios jueces y siempre un Juez va a reconocer mayor proximidad a algo que es de creación propia, que al Consejo General del Poder Judicial; más aún cuanto más alejado estemos del sistema de elección directa de sus vocales.

¿En cuánto se han reducido las subvenciones?

No se han reducido las subvenciones en este Consejo. El otro día leí que había sido así y me parece otro ejemplo claro del activismo que hemos vivido.

La última vez que se redujo el montante de las subvenciones a las asociaciones judiciales fue en el año 2010 y la reducción ha llegado al 25 por ciento. Desde esa fecha, se viene cobrando el mismo importe. En los dos años que llevamos del Consejo actual, no se ha disminuido ni un solo euro.  

Eso no quiere decir que el tema de las subvenciones judiciales no haya vivido momentos de gran sacudida. Hubo un borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial que proponía la eliminación de las subvenciones. Afortunadamente, y con mucho trabajo detrás, conseguimos que el proyecto se reelaborara por parte del ministerio de Justicia. Cuando el borrador se transformó en ante-proyecto de ley, se reconocía ya la posibilidad de las subvenciones judiciales. 

Por otra parte, el actual Consejo General del Poder Judicial las ha mantenido en la cuantía que se venia cobrando, sin prejuicio de que tenga que corregirlas, supongo, siguiendo las  indicaciones del Tribunal de Cuentas, en cuanto a la doble subvención que otras asociaciones tenían para actividades de formación. Nosotros no las teníamos, como recalca el propio Tribunal de Cuentas. En los demás extremos, no creo que se corrija nada.  Espero que no se corrija nada.

¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno de acabar con los magistrados eméritos extendiendo la edad de jubilación forzosa a los 72 años?

La edad de jubilación  de los Jueces y Magistrados a los 72 años ya existió en España.

A mí, como presidente de la Asociación Profesional de Magistratura, lo que me toca es analizar la cuestión desde un punto de vista global  y colectivo. Es evidente que, para un carrera judicial, poderse jubilar dos años más tarde percibiendo el sueldo integro durante esos dos años y consolidando además un ocho por ciento más de pensión para los años futuros, pues es algo muy positivo.  Y si la aportación que pueden hacer los magistrados eméritos es necesaria, lo que resulta procedente es aumentar el número de plazas en la Ley de Planta y facilitar así una mayor progresión en la Carrera.

¿Eso no crea un tapón para los que vienen? Según tenemos entendido hay dos promociones de la escuela que son JATs y que no tienen destino fijo.

Esa crítica está mal traída. Por varias razones. Primera, porque los intereses de dos promociones no pueden condicionar algo que resulta positivo para toda la carrera, incluidos ellos mismos. Por la misma razón se podría reclamar la jubilación a los 60 años y se recolocarían todos, aunque sin duda con más trabajo, por disminuir el número global de jueces.

Por otro lado, las jubilaciones tampoco iban a dar espacio a los 400 JATs que hay ahora.  Creo que en el próximo año estaban previstas 34 jubilaciones, por lo que seguiría habiendo JATs sin recolocar y renunciar al retraso en la jubilación tampoco impediría que en las promociones futuras se sumaran jueces a esa función, pues las plazas de Juez de Adscripción Territorial están creadas en la Ley de Demarcación y Planta. Todos los JATs que se fueran serían sustituidos por otros que vinieran a ocupar su destino.

La problemática de los Jueces de Adscripción Territorial debe ser contemplada, y lo estamos haciendo, pero necesita de soluciones específicas que no condicionan la edad de jubilación.

En cuanto a lo que me plantea del Tribunal Supremo, el retraso de la edad de jubilación a los 72 años es también una ventaja, más aún si consideramos que la posibilidad de prolongar como eméritos de manera automática iba a ser reformada. Para los que ya están como eméritos y no hayan cumplido los 72 años, la disposición transitoria que se ha introducido como enmienda reconoce la posibilidad de continuar en sus funciones  jurisdiccionales también hasta los 72 años. Para los eméritos que estén entre los 72 y 75 años, debería contemplarse una solución específica.

¿Por qué es necesaria una reforma de este tipo en este momento?

Creo que se había producido una situación un tanto insólita en un Estado de Derecho. La edad de jubilación voluntaria de los magistrados del Tribunal Supremo, como para todos los demás magistrados, está definida por el legislador en los 65 años y en 70 años la forzosa.

Sin embargo, una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 2011, permite a los magistrados del Supremo continuar como eméritos hasta los 75 años, dependiendo sólo de su voluntad. No dependía de las necesidades del órgano judicial, como se había venido aplicando hasta el momento de la sentencia, sino de su voluntad de querer seguir.  Se mire por donde se mire, era una modificación de la Ley general, hecha jurisprudencialmente para un colectivo muy específico.

¿Cree usted que la reducción de los tiempos de instrucción es viable o es, más bien, un brindis al sol?

La decisión, en términos de garantías de los ciudadanos, es perfecta. Los que estudiamos lo que es el proceso debido en materia Penal, llevamos años diciéndolo, aquí y en todos los países con un adecuado sistema de garantías.

No se puede someter a una persona a investigación, o someterla a proceso, por tiempo indefinido. No se pueden hacer investigaciones generales y mucho menos durante ocho o diez años. Excede lo que tiene que soportar una persona en un Estado de Derecho.

¿La limitación de la duración del proceso era conveniente?  Sí, era conveniente.

¿Los términos en los que se ha fijado esa limitación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal son adecuados?  Sí, son adecuados.

En los procedimientos ordinarios, estamos hablando de seis meses, con la posibilidad de prorrogarlos a un año y medio. La mayor parte de las investigaciones se pueden acabar, y se deben acabar, en ese tiempo. Y cuando digo que se pueden acabar, es contando con los medios que se tienen ahora. Estamos hablando de menudeo en el tráfico de droga; delitos de lesiones; robos; hurtos o pequeñas estafas. Son procedimientos que se pueden instruir en seis meses, y en su defecto, en un año y medio.

Se dice que lo impedirá el sistema de recursos o la práctica de pruebas periciales. No es verdad, en nuestro país jamás la interposición de un recurso ha tenido efectos suspensivos, pudiendo continuar la investigación aunque se interpongan. En cuanto a las pruebas periciales, no hay ninguna que no nos llegue en seis meses. Estoy hablando de análisis de droga o de tasaciones de efectos sustraídos.  En lo referido a los peritajes de lesiones, es verdad que pueden demorarse mas allá de los seis meses porque la persona no haya sanado, pero la ley no exige la sanidad para el enjuiciamiento, sino para la definición de una indemnización que legalmente puede concretarse con posterioridad al juicio.

Quizá los únicos informes periciales que pueden producir problemas son los informes de ADN e informes balísticos; pero todos ellos se remiten en el término de 18 meses que propone la ley  como tiempo de ampliación.

En cuanto a las grandes investigaciones o los delitos complejos, se reconoce la posibilidad de prorrogar la investigación hasta los cuatro años y medio. De otro lado, lo que dice la Ley es que, terminados esos cuatro años y medio, no podrán acordarse nuevas diligencias pero sí esperar a que retornen aquellas que habían sido peticionadas. Por otro lado, se facilita que cada delito que se impute a una persona, pueda ir en un proceso individual y sujeto a su propio plazo de duración.

Empezar concediendo plazos más dilatados y que una persona pueda estar sometida a una investigación judicial, incluso secreta, durante periodos más largos de tiempo, no me parece razonable en términos de respeto de los derechos individuales. Es todo caso, la experiencia nos dirá si resultará razonable recalibrar en un futuro esos plazos levemente, pero son rigurosos.

¿Cuál va a ser su futuro dentro de la APM? ¿Se va a presentar a la reelección en el Congreso de noviembre?

Desde luego. Creo que las cosas se han hecho con rigor en los últimos dos años y es notorio que el Comité Ejecutivo ha obtenido muy buenos resultados, más aún considerando el contexto en el que estaban las cosas. Espero que mis compañeros lo aprecien así y que consideren que somos los que más avances podemos propiciar en los próximos dos años, sin perder la capacidad de decidir por nosotros mismos. En el fondo, de eso se trata.

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