Las Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia han reclamado al Tribunal Supremo aclarar si fallo de la sentencia por la financiación de Batasuna a través de las ‘herriko tabernas’ permite a los condenados ejercer cargos públicos.
Estas peticiones de aclaración se producen después de las informaciones que apuntan a que el dirigente de la formación ilegalizada Arnaldo Otegi podría presentarse a las próximas elecciones por la falta de especificación de la condena de inhabilitación especial para cargo público en su condena por intentar reconstruir el partido a través de Bateragune.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado día 18 de junio las condenas que la Audiencia Nacional impuso a veinte militantes abertzales por financiar a ETA a través de las herriko tabernas, entre ellos los dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxeberría. Aunque la sentencia del Supremo rebajaba ligeramente las penas, mantenía condenas por inhabilitación.
Los dirigentes de Batasuna Joseba Álvarez, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro, Jon Gorrotxategi, Floren Aoiz y Antton Morcillo resultaron también condenados.
La AVT ha indicado en una nota de prensa que la solicitud de aclaración remitida se refiere de forma específica a la omisión, en cuanto a la pena de inhabilitación especial para cargo público, de los puestos concretos a los que se refiere, ya que la imposición de una pena de inhabilitación especial debe conllevar la especificación de los empleos, cargos y honores sobre los que recae, así como la necesidad de la vinculación entre tal actividad o profesión prohibida y el delito cometido.
Por este motivo, desde la AVT, personada como acusación popular en el juicio, se ha solicitado que se precise que la inhabilitación deberá recaer sobre cualquier cargo público a nivel supranacional, estatal, autonómico o local, y ello en consonancia con los hechos probados de la sentencia y que han demostrado la utilización de diversos cargos públicos para la comisión de los delitos en los que se basa la sentencia.
«Desde la AVT agotaremos todos los medios posibles a nuestro alcance para evitar que todos aquellos que hayan sido condenados con una pena de inhabilitación puedan acceder a las instituciones y así evitar que las sentencias queden finalmente vacías de contenido y no puedan ser aplicadas en toda su extensión», indica. (CONFILEGAL/EP)