CATALÁ ve «plenamente CONSTITUCIONAL» la PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado que su opinión y la del Gobierno central es que «la prisión permanente y revisable es plenamente constitucional». Además, ha asegurado que es un elemento «que existe en todos los países de la Unión Europea».
Así lo ha declarado el ministro durante la inauguración de un curso de la UNED en Plasencia (Cáceres), sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según Catalá, la prisión permante revisable «es plenamente constitucional y, además, es un instrumento que existe en todos los países de la Unión Europea y que pretende garantizar que se acredite que los delincuentes más peligrosos se han rehabilitado y son susceptibles de reincorporarse a la sociedad y no sólo por el mero transcurso del tiempo», ha indicado el titular de Justicia.
En relación al nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio, Catalá ha señalado que el «foco del debate» ha estado fijado en un único elemento, la figura de la prisión permanente revisable, «cuya creación ha concitado cierta polémica», y, al mismo tiempo ha recibido críticas «por algunos sectores de la doctrina jurídica, también por algunos partidos políticos», ha aseverado.
Sobre la presentación de un posible recurso al Tribunal Constitucional por parte del PSOE, ha indicado que será entonces cuando se dejará «de polemizar» sobre la prisión permanente revisable, porque el alto tribunal tendrá que «pronunciarse sobre el fondo de la cuestión» y se tendrán «garantías constitucionales» sobre esta figura, ha dicho, al tiempo que mantenía la opinión de la constitucionalidad de la figura.
En declaraciones a los periodistas, el ministro de Justicia ha explicado que tanto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la del Código Penal -que entrará en vigor el miércoles- van en paralelo. Y ha defendido que ambos instrumentos normativos pretenden, por una parte, tipificar la «nueva situación delictiva» y la necesidad de que el Código Penal responda a esta situación y, en segundo lugar, la «agilización» de la Justicia.
