La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera una «chapuza legislativa» la reforma del Código Penal que mañana entrará en vigor. Especialmente en los denominados «delitos leves».
Según el portavoz de la UPF, Álvaro García, la «chapuza legislativa se ha hecho en el tramo que abarca de los 2 a los 3 meses en los delitos leves».
En el anteproyecto inicial las penas de los delitos leves iban hasta los 2 meses.
«El Consejo General recomienda en su informe que sea de 3 meses y el Ministerio de Justicia decide pasarlo a 3 meses, pero no se da cuenta de las consecuencias legislativas que tiene esto. Ya ha definido las penas en tramos criminológicos diferentes, con lo que al modificar de 2 a 3 meses toda la arquitectura se le viene abajo por una deficiencia legislativa», explica García a Confilegal.
De acuerdo con el portavoz de la UPF, se trata de una reforma «muy deficiente». «No valen excusas porque es una reforma de muchísimo calado», señala. «Esto no es un reglamento de caza, ni es un reglamento de la circulación esto es un Código Penal. Es una irresponsabilidad por parte del Ministerio no haber dado unos meses de ‘vacatio legis’ para que podamos detectar los problemas y corregirlos. Eso no va a ser así porque hay una urgencia sin sentido en que esto entre en vigor mañana».
Desde la UPF aseguran que «sobre todo ese aspecto concreto no ha informado ni el CGPJ, ni al Consejo Fiscal Fiscalía. Eran otros los plazos y los términos con los que nos llegó a nosotros ese proyecto. Es una falta de capacitación técnica de quien lo haya hecho».
No estamos hablando de una cuestión académica, de ahí la preocupación expresada por la Fiscalía a través de su circular: «La Fiscalía general no hace críticas en los periódicos, sino que hace una circular para saber de qué estamos hablando».
Para la UPF, la circular que hizo pública la Fiscalía pone en evidencia que la ley «es una chapuza».
Con esa circular, la Fiscalía trata de dar una salida y una «explicación a un defecto técnico insalvable. Solo se salvaría con una modificación de la ley Penal, pero no ha habido la voluntad política de hacerlo», puntualizan.
Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado que «no han detectado ninguna consecuencia que requiera enmienda legislativa». «No es necesario hacer ninguna modificación con rango de Ley», inciden desde el Ministerio.
Sin embargo los fiscales progresistas manifiestan estar «muy preocupados con la que se nos viene encima. Hay cuestiones técnicas muy mal resueltas y que van a ociasionar muchos problemas como las amenazas entre familiares, que se adjudican al juez de violencia, como si no tuviera suficiente trabajo. Hay muchas pequeñas cosas que no han sido meditadas», concluye Álvaro García.
Éste incide en que la «vacatio legis» ha sido muy corta.
Conviene recordar que la reforma del Código Penal de 1995 tuvo una «vacatio legis» de un año.
Y, por último, inciden en que «nadie pensó que esta reforma fuera a entrar en vigor». «Pensamos que esto era un proyecto desactivado o que iba a salir conmuy pocas cosas. Sin embargo, nos encontramos con que es, sin duda, la reorma más importante del Código Penal desde su promulgación en 1995».
Desde la UPF sostienen que ningún profesional conoce la ley en profundidad. «Nadie conoce sus vericuetos. Todos los compañeros que entran de guardia mañana tienen un ataque de pánico».