Todos los grupos de la oposición presentarán hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la polémica pena de la prisión permanente revisable, que incorpora el nuevo Código Penal que entra en vigor este miércoles 1 de julio.
PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y varias formaciones del Grupo Mixto firmarán este mediodía en el Congreso de los Diputados el recurso de inconstitucionalidad contra la pena que califican de «cadena perpetua» y que será registrado más tarde en el Constitucional.
La prisión permanente revisable, planteada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y mantenida después por su sucesor Rafael Catalá, ya concitó las críticas de toda la oposición durante la tramitación parlamentaria del Código Penal.
Cuando se aprobó en el Congreso, junto con la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ‘ley mordaza’, el PSOE ya anunció su intención de recurrir ambos textos ante el Tribunal Constitucional, dejando claro que su apoyo a los artículos relativos al pacto antiyihadistas no implicaba el aval a este castigo máximo.
El recurso ha sido elaborado por los socialistas, el único de la oposición con suficientes diputados para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, que de esta forma cumplen con su promesa de recurrir la prisión permanente ante el Constitucional, anunciada en cada uno de los debates parlamentarios sobre la reforma del Código Penal.
Al respecto, el PSOE presentó la semana pasada a todos los grupos de la cámara el recurso para que se sumaran a la iniciativa, tal y como hicieron con el recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana.
A lo largo de toda la tramitación parlamentaria, los grupos de la oposición han sido muy críticos con la incorporación al ordenamiento jurídico español de la prisión permanente, defendida con vehemencia por el Gobierno y el PP que trazaron esta medida como una línea roja en la negociación con los partidos de la oposición.
Y es que la prisión permanente revisable no deja a nadie indiferente: dos tercios de la sociedad española la defienden, asociaciones de víctimas la alaban, la mayoría de los juristas la critica y toda la oposición política la denuncia.
Según el nuevo Código Penal, la nueva pena sólo será aplicable a los delitos más graves, entre otros, los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidio, crímenes de lesa humanidad con homicidio y asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.
Conlleva el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y si es uno o varios, tras lo cual se revisará la condena y si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión. (CONFILEGAL/EP)