Ninguna de las dos está contenta con el reparto de asuntos acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Mercedes Alaya porque ella quería seguir instruyendo tres macrocausas y María de los Ángeles Núñez Bolaños porque, desde su punto de vista, no se podía tomar una decisión en torno a los ERE.
No hay paz en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Las dos magistradas se han atrincherado en sus respectivas posturas, contrarias al plan de actuación que la Sala de Gobierno del TSJA aprobó el pasado 23 de junio.
En aquella ocasión, la Sala que preside Lorenzo del Río salomónicamente entregó a Alaya dos casos, el de los ERE de Andalucía y el de Mercasevilla.
A Núñez Bolaños le «santificó» la instrucción del caso de Formación y el de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea.
Después de aquello, la «pax romana» del TSJA parecía haberse impuesto. Pero sólo fue un espejismo.
Porque la juez Alaya ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, oponiéndose al Plan de actuación del TSJA. Ella quería seguir instruyendo tres macrocausas: ERE, Formación y avales a empresas. Esas y no otras.
La nueva titular de Instrucción 6, Núñez Bolaños, ha enviado, por su parte otro escrito, este al TSJA, en el que muestra su desacuerdo e insatisfacción sobre el reparto.
Desde su punto de vista, era imposible decidir sobre el conocimiento y posible reparto de los ERE porque está pendiente que la Audiencia de Sevilla decida sobre dividir el asunto en varias piezas separadas.
De hecho, la pelota está en el tejado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que debe resolver el recurso de la Fiscalía, presentado el pasado 18 de junio, para dividir el caso en piezas separadas.
La magistrada Nuñez Bolaños tiene que contestar a dicho recurso, una petición a la que se ha opusta en reiteradas ocasiones Mercedes Alaya cuando era la titular del Juzgado instructor.
El Ministerio Público quiere que la causa sea dividida en tres grandes bloques: uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
Para Núñez Bolaños esta cuestión es vital para decidir sobre el reparto y la «colaboración» entre la juez titular y la comisionada.
La Comisión Permanente del CGPJ tenía previsto ver este jueves dicho plan de actuación, pero ha decidido aplazar su decisión y ha solicitado al TSJA que emita un informe donde resuelva los escritos presentados por ambas magistradas, lo que podría ocurrir en la reunión de la Sala de Gobierno prevista para el próximo martes, día 7 de julio.
En caso de que el TSJA analizara el asunto el próximo martes, lo elevaría al CGPJ para su aprobación, aunque sería complicado que el asunto se viera en la reunión de la Comisión Permanente del día 9 y se podría posponer hasta el día 16 del presente de mes de julio.
En espera de que el CGPJ aprueba este plan de actuación, la juez Mercedes Alaya se ha incorporado ya a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y ya ha formado parte incluso del tribunal encargado de enjuiciar un caso por un presunto delito contra la salud pública.
Por otra parte, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado dar cierta primacía al asunto de la división del caso ERE en piezas separadas. En una providencia emitida hoy, señala que «antes de darse un señalamiento conforme al turno existente, dada la relevancia del asunto objeto de debate se analizarán los autos por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados».
El contencioso entre las dos juezas pone, a su vez, una gran presión sobre el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, cuya renovación está prevista para el último trimestre del año. Una mala solución al problema pondría seríamente en tela de juicio su continuidad al frente del alto tribunal andaluz.