El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha aceptado una condena de cinco años y medio de prisión por el vaciamiento patrimonial de Marsans tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que llegó a pedir hasta 15 años de cárcel.
Mientras, el empresario valenciano Ángel de Cabo, para el que el Ministerio Público reclamó ocho años de prisión, ha admitido una condena a cinco de cárcel por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, los mismos que Díaz Ferrán.
En la primera sesión del juicio en contra de ambos y otras nueve personas la Fiscalía –que pedía 15 años para el empresario– las defensas y las acusaciones particulares han alcanzado un acuerdo de conformidad.
El Ministerio Público solicitaba 15 años de cárcel para Díaz Ferrán, al que acusa de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal; ocho años y nueve meses para Gerardo Díaz de Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; y ocho años para De Cabo. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa.
Además, forman parte del acuerdo las peticiones de multa que ha hecho el fiscal, que asciende a 1,2 millones para Díaz Ferrán y De Cabo, a 3.000 euros para Losada y 1.800 para Díaz Santamaría.
La Fiscalía ha considerado que se les debe aplicar las atenuantes de confesión tardía y devolución del efecto del delito, ya que han colaborado a la «reinserción a la masa concursal de ciertos concursos cuya existencia se desconocía».
Esto es así porque a lo largo de los últimos meses los acusados han colaborado activamente para hacer aflorar alrededor de 20 millones de euros que hasta ahora permanecían ocultos, según fuentes jurídicas que han explicado que todo ello irá destinado a la masa concursal para devolver la deuda a los acreedores de Marsans.
El fiscal Daniel Campos también acusaba al número dos de De Cabo, Iván Losada, que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses de cárcel, y a otras siete personas a las que imputa los delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento. La Fiscalía pedía fianzas por importe de más de 1100 millones en concepto de responsabilidad civil.
El juicio, sin embargo, no ha llegado a su fin. Todavía resta una vista que tiene que celebrarse para abordar un sólo punto controvertido: la nulidad de todas las transmisiones patrimoniales ahora en manos de terceros civiles responsables afectados, es decir, aquellos que adquirieron las propiedades de Díaz Ferrán.
Son entre 8 y 10 y sus representantes legales alegaron hoy, ante el tribunal, indefensión al no haber recibido traslado de las actuaciones con tiempo suficiente para articular una defensa. Por ello, el tribunal ha decidido convocar una nueva vista que durará, previsiblemente, un día.
En esta vista, los actuales dueños de esas propiedades, cuya restitución ha decidido el tribunal, tienen que demostrar cuatro condiciones para optar a retenerlas, según la Ley Hipotecaria: 1. Que las adquirieron de buena fe; 2. Que pagaron un precio por ellas; 3. Que las adquirieron al que era el titular registral; y 4, que las inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad. Si no se cumpliera una de las condiciones, perderán la propiedad. CONFILEGAL/EP.