La persona a la que se quiere favorecer desde el Ministerio es María Asunción Mosquera Loureda, secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional (AN). Pero la Sala de Gobierno de ese órgano prefiere a Luis Martín Contreras, secretario de Gobierno entre 2010 y 2015 y actualmente en funciones. ¿Por qué?
La conexión, al parecer, es «monclovita». Mosquera Loureda es compañera de carrera del presidente Mariano Rajoy, aunque se desconoce si éste ha pedido el favor por ella.
Sea como fuere, el caso es que este factor está frenando el nombramiento del nuevo secretario/a de Gobierno de la Audiencia Nacional, vacante desde el pasado mes de febrero.
El nombramiento le corresponde hacerlo, por ley, al Ministerio de Justicia, pero es preceptivo el informe previo positivo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Es un cargo de libre designación, por lo tanto, sometido a los principios de mérito y capacidad, que establece el artículo 464 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala de Gobierno de la AN, que preside José Ramón Navarro y de la que forman parte los presidentes de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska (también vocal del Consejo General del Poder Judicial), la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Eduardo Menéndez, y la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, el juez decano, Santiago Pedraz, y los magistrados electos, Ana Martín Valero, Felisa Atienza y Fernando de Mateo, optó, de entre los cuatro candidatos presentados, María de los Ángeles Ullán, Luz Nodar, María Asunción Mosquera y Luis Martín, por la continuidad de este último.
Para ello, emitió el mencionado informe.
Lo lógico hubiera sido que el Ministerio de Justicia diera el «nihil obstat» a Martín y ahí se hubiera cerrado el asunto.
Sin embargo, no fue así.Un mes y medio después, en abril, la secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortes Martín, aduciendo un supuesto error, dirigió un escrito a la Sala de Gobierno de la AN solicitando que se emitiera un informe favorable para su candidata, María Asunción Mosquera, dejando sin efecto el proceso anterior.
La Sala de Gobierno respondió a Sánchez-Cortes que ya habían emitido el informe que les habían solicitado y que el elegido era Martín.
En consecuencia, el Ministerio declaró desierto el puesto.
La diferencia de curriculum entre la compañera de universidad de Rajoy y el secretario en funciones de Gobierno de la AN a es de dimensiones «siderales». El curriculum de Mosquera tiene 3 folios. Se licenció en derecho en 1979 y después sacó la oposición. Su experiencia profesional, al margen de su trabajo, se basa tan sólo en 13 tutorías en los años 1989, 1990, 1991, 1992 y 2010.
El de Luis Martín es sensiblemente mayor: 47 páginas. Es licenciado y doctor en derecho, ha sido profesor en tres universidades, es autor de 15 libros y coautor de 19 más, posee la Cruz de San Raimundo de Peñafort, y ha sido el impulsor de la digitalización de la Audiencia Nacional. La experiencia acumulada en el cargo, además, tiene un gran valor de cara a los retos que tiene que encarar el «portaaviones de la Justicia española», como lo definió una vez el padre de éste órgano judicial, Rafael de Mendizábal.
El puesto de secretario de Gobierno es estratégico y vital. Tiene acceso a información reservada y conoce todos los asuntos que pasan por la Audiencia Nacional, ya sean de terrorismo, de mafias o económicos. Su función es organizar el trabajo interno del órgano para que los jueces puedan avanzas en las investigaciones y celebrar las vistas que sean precisas en los tres órdenes jurisdiccionales: penal, social y contencioso-administrativo.
El PSOE, a la vista de estas maniobras, ha llevado el asunto al Congreso de los Diputados. Allí, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando denunció que el Gobierno quería poner a alguien afín en ese puesto: «Se impide que el secretario de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional sea el candidato que tenía el aval de la mayoría de la Sala de Gobierno para maniobrar desde el Ministerio de Justicia en favor de otra candidata», dijo Hernando.
Tras este revés, el Ministerio no se arredró y convocó, otra vez, el 1 de junio pasado, un nuevo concurso para cubrir la plaza por el sistema de libre designación para que el que se han presentado no sólo los cuatro candidatos de febrero pasado sino tres candidatos más, en total 7: Carmen Martínez Montijano, Natalia Reus y Juan Ignacio Dávila, son los nuevos nombres.
La nueva orden establece, otra vez, las mismas condiciones: «se recabará informe favorable de la Sala de Gobierno sobre el candidato propuesto por el Ministerio de Justicia“. Es decir, sólo sobre María Asunción Mosquera.
Esto ha provocado que dos asociaciones de secretarios judiciales -la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ)- han presentado un recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Justicia contra la orden en la que se convoca concurso de méritos para cubrir la plaza de secretario de Gobierno de la AN.
En una nota de prensa remitida este jueves, el SISEJ recuerda que pese a contar con todos los informes favorables a la renovación de una de las dos candidaturas presentadas, la de Luis Martín Contreras, «avalada por una trayectoria y cualificación claramente», el Ministerio de Justicia prefirió dejar desierto el citado puesto directivo antes que proceder a la renovación.
Para el sindicato de Secretarios el procedimiento de libre designación de cargos públicos «no debe ser un cheque en blanco, sino que debe estar siempre mínimamente condicionado por un determinado proyecto y vinculado a las necesidades del servicio público», por lo que creen que en este caso no estaba justificada la declaración del concurso como desierto.