El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denuncia el caos en la Justicia con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que entre otras novedades contiene la prisión permanente revisable, una nueva redacción de delito de asesinato o la derogación de las faltas y su paso parcial a delitos leves.
Por ello, desde el STAJ consideran que una reforma de tal entidad exigía con carácter urgente y extraordinario que se impartieran cursos de formación específica para los juzgados afectados, ya que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el Titulo Primero de nuestra Carta Magna bajo el epígrafe derechos y libertades. «Así lo hemos exigido al Ministerio y a las CCAA competentes, con antelación a la entrada en vigor de la reforma, sin que se haya atendido nuestra razonable exigencia».
Por eso, piden que «nadie busque responsabilidades en los funcionarios de Justicia ante los posibles perjuicios a los derechos de los ciudadanos, estas responsabilidades descansan en los responsables políticos que permiten esta situación».
En su comunicado, el STAJ sostiene que «los funcionarios de los Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación P.A. y Auxilio Judicial, que somos los que tramitamos físicamente los asuntos, no se nos ha facilitado información y explicación de esta importantísima reforma y ni mucho menos se nos ha dictado un protocolo de actuación para su implantación. El Ministerio y las Comunidades con competencias vuelven a confiar en que los funcionarios de la Administración de Justicia vamos a salvar otra nueva chapuza.»
Denuncian que en estos primeros días de entrada en vigor, se está viviendo una caos en los Juzgados de Guardia de toda España, ante la absoluta desinformación y falta de formación de los funcionarios de la Administración de Justicia que han de aplicarla.
Además, inciden en que no existen herramientas informáticas y modelos de resoluciones para aplicar la reforma. Encontrándose los funcionarios desamparados y teniendo que salvar la situación de descontrol individualmente.
No se han actualizado los sistemas informáticos, ni tan siquiera para el registro de los asuntos que ingresan en los Juzgados de Guardia, que se están salvando con la mejor de las voluntades y sin ningún apoyo por parte de la Administración.
Es nuestro deber advertir que la falta de criterio para la aplicación esta reforma puede causar daños a las libertades y derechos de todos los ciudadanos y explicar que no somos los funcionarios responsables sino víctimas de esta situación de desconcierto y disfunciones en el sistema Judicial, señalan en su escrito.
Además, piden a la ciudadanía que exija una tutela Judicial efectiva y «ante cualquier disfunción se realicen quejas formales que están a disposición ciudadana en todas las sedes judiciales del País».
El STAJ lamenta que los legisladores, sin entrar en el fondo de la Ley, aprueben las Leyes sin que quede garantizada que su aplicación se produzca garantizando los medios técnicos y materiales y personales para llevarla a efecto. Esta practica es contraria al sentido común.
Por todo ello, consideran «inadmisible que aún a pesar de nuestras peticiones de formación a los funcionarios y la actualización de los sistemas y modelos informáticos las distintas Administraciones con competencias en Justicia , no es que no hayan hecho frente al desafió sino que se hayan puesto de perfil ante el vendaval que se avecinaba».