La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Fernando Andreu de archivar la causa de las tarjetas opacas contra doce imputados que gastaron más de 3,4 millones con las tarjetas opacas, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.
Así consta en un auto dictado este viernes por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que admite un recurso presentado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, y revoca el auto de archivo dictado el pasado 5 de mayo por el magistrado, que considera «precipitado».
Este archivo benefició además de a Rafael Spottorno a los exdirectivos de Caja Madrid, como al secretario del consejo de administración, Enrique de la Torre; a la «mano derecha» de Miguel Blesa, Matías Amat; al exdirector de sistemas Ricardo Morado; los exdirectores de Banca Comercial Ramón Ferraz y Mariano Pérez Claver y el exdirector de Comunicación Juan Astorqui.
Los ex directores gerentes de la Obra Social Carlos María Martínez y Carmen Contreras; el exdirector de la Banca de Negocios Carlos Vela; el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches y el exdirector del Gabinete del Presidente Luis Gabarda completan la lista.
El tribunal destaca que las ‘tarjetas black’, en las que estos 12 exdirectivos gastaron 3,4 millones de euros, «carecían de soporte o justificación contractual» y que la entidad no practicaba «la retención oportuna», como se habría hecho de haberse tratado de «verdaderas remuneraciones».
A lo largo de doce puntos, la sala formada por los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz, echa por tierra los argumentos esgrimidos por el instructor y el fiscal, que consideraban que solo debían ser partícipes a título lucrativo porque ninguno formó parte del Consejo de Administración ni de la Comisión de Control de Caja Madrid, por lo que no se les podía reprochar penalmente un delito de administración desleal, y que sus tarjetas formaban parte de su salario.
Para la sala, el hecho de que estos exdirectivos tuvieran dos tarjetas, una de empresa para gastos de representación y otra de libre uso como parte de su salario, «pone de manifiesto» la «ilicitud» del origen de las segundas, pues las primeras estaban «controladas y con soporte documental».
«Además carece de sentido que, si se trataba de una retribución fija, no les fuera ingresado directamente en su cuenta mensualmente junto con la otra parte fija de su retribución, y tampoco se hiciera constar contablemente en la cuenta destinada al efecto, siendo contabilizada en cuenta distinta a la correspondiente a retribuciones de empleados«.
Los magistrados tampoco aceptan el argumento de que la Ley de Cajas no afectaba a las retribuciones de los directivos, pues ello no les permite hacer un uso «indiscriminado» de las visas. Y en este sentido, recogen el testimonio del ex consejero delegado Francisco Verdú, que explicó que él no utilizó la que le había entregado Rodrigo Rato «porque sabía que no podía utilizarla porque no estaba en su contrato», y menos aún sin justificar los gastos.
Además, sostienen que «las tarjetas carecían de cualquier tipo de soporte o justificación contractual. No figuran en el contrato de trabajo ni estaban documentadas de forma alguna».