La Unión Progresista de Fiscales «rechaza» las últimas reformas legislativas -Código Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley de Enjuiciamiento Criminal-, cuya entrada en vigor se ha precipitado «de forma incomprensible» en el último tramo de la legislatura, porque «inciden negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos».
Según señalan desde la UFF «la reforma penal implantada -con la introducción de los delitos leves- conlleva una drástica reducción de las garantías del justiciable».
Para los fiscales, «el excepcional plazo de tres meses de vacatio legis establecido por la L.O 1/2015 para la entrada en vigor de la reforma del Código Penal no ha permitido realizar con tiempo a los operadores jurídicos un análisis riguroso y en profundidad de las modificaciones introducidas».
Estas modificaciones son «serias disfunciones en el ejercicio diario» de la profesión y generan «una indeseable carga de trabajo adicional» cuando, «en teoría», la reforma se lleva a cabo para «aliviar el volumen de la actividad» de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, ha explicado el sindicato.
Además, desde el secretariado de la UPF inciden en que «muchas reformas, que dependen únicamente de la voluntad del Ministerio de Justicia y que supondrían una evidente mejora de nuestros derechos laborales en el desempeño cotidiano de nuestro trabajo, se aplazan sine die o quedan directamente en el olvido». Y señalan que «el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aún adeuda a los funcionarios de la Administración de Justicia buena parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012″ y que, del mismo modo, el Ministerio de Justicia tiene pendiente de resolver reclamaciones efectuadas por el día de libranza no disfrutado tras la guardia y debe aclarar, además, qué ocurre con nuestros derechos pasivos en relación con otros cuerpos funcionariales del Estado.
Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales quiere llamar la atención sobre otra cuestión fundamental que fue promesa y bandera del anterior Fiscal General del Estado, y que debería serlo de la actual, cual es la pretendida autonomía del Ministerio Público y, en concreto, su autonomía presupuestaria.
Por último, también critican «la sujeción de la Carrera Fiscal al Ministerio de Justicia en materia de nombramientos, resoluciones, recursos y, especialmente, en cuestiones de índole presupuestaria, impiden que -en la práctica- el Ministerio Fiscal en España sea autónomo del poder ejecutivo».
Entre otras cosas, UPF ha constatado que la transferencia en materia de provisión de medios materiales a las Comunidades Autónomas «provoca indeseables diferencias entre Fiscalías».