El Pleno del Congreso aprobará definitivamente hoy la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobado hace un año y medio por el exministro Alberto Ruiz Gallardon.
El texto eleva de cinco a siete los vocales asignados a la Comisión Permanente del CGPJ, elimina la obligatoriedad de que una mujer presida la Comisión de Igualdad e introduce la paridad para este órgano, pero no para el resto de comisiones del Consejo.
Pero también obliga a todos los miembros del CGPJ a realizar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares.
Además, modifica la composición y funcionamiento del gabinete técnico del Tribunal Supremo, como así solicitó el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y suprime las categorías de jueces y fiscales eméritos en todos los órganos colegiados en 2017, si bien los magistrados podrán prolongar voluntariamente su jubilación forzosa de los 70 a los 72 años.
Este polémico último punto ha quedado dulcificado después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidiera al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una solución que evitara que media docena de magistrados se vieran obligados a abandonar, en el plazo de un mes, sus puestos.
La enmienda original de los ‘populares’ especificaba que los jueces que tengan la condición de eméritos y superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP.
En una transaccional presentada en el Senado y avalada por cuatro grupos parlamentarios, se especifica ahora que quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como magistrados eméritos o magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar haciéndolo durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor, conservando su actual régimen retributivo. No obstante, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años
El texto permite al CGPJ adscribir al juez que esté conociendo de una causa compleja otros jueces o secretarios judiciales para realizar exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento.
Asimismo, la reforma contempla medidas de especialización temporal de juzgados y de reequilibrio de la carga de trabajo de juzgados limítrofes o de una misma región así como medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima.
El proyecto modifica la denominación de los secretarios judiciales que pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y modifica los Institutos de Medicina Legal para convertirlos en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.