Un JUEZ PERMITIÓ que la IKURRIÑA ondeara durante el CHUPINAZO en el Ayuntamiento

Un JUEZ PERMITIÓ que la IKURRIÑA ondeara durante el CHUPINAZO en el Ayuntamiento

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08/7/2015 00:00
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Actualizado: 08/7/2015 00:00
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El magistrado Antonio Sánchez Ibáñez, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Pamplona, permitió que la ikurriña ondeara en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona el pasado 6 de julio, durante el chupinazo de los Sanfermines.

Sánchez Ibáñez rechazó la solicitud presentada por la Abogacía del Estado en Navarra para que ordenara retirar la ikurriña ya que era una bandera ajena a la Comunidad Foral.

El magistrado consideró que no era necesario adoptar esa medida porque la bandera de España ocupaba un lugar preeminente, en el centro, es decir, en el lugar de honor.

En este sentido, el juez basó su decisión en el artículo 6.1 de la ley 39/1981 por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas.

Según este precepto, «cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor». Si se utilizan otras banderas, continúa la citada ley, las restantes no podrán tener mayor tamaño que la española.

Y se entiende como lugar preeminente y de máximo honor la posición central cuando el número de banderas sea impar y, cuando el número sea par, «de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador».

La solicitud, según consta en el auto, llegó procedente del Decanato al juzgado a las 11.50 horas del día 6, esto es, diez minutos antes del lanzamiento del chupinazo que dio comienzo a los Sanfermines.

En el escrito de solicitud de medida cautelar, el recurrente consideraba procedente la suspensión solicitada, ya que, a su entender, la ejecución del acto impugnado –la colocación de bandera de la Comunidad Autónoma Vasca– haría perder su finalidad legítima al recurso.

Según consta en la resolución, las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la efectividad de la sentencia, es decir, evitar el riesgo de que una vez llevado a cabo el acto impugnado ya no tenga sentido el procedimiento judicial.

Al respecto, el magistrado Sánchez Ibáñez razona que la apreciación de una situación de riesgo en cuanto a la preservación del objeto litigioso no determina por sí mismo la conveniencia de adoptar tales medidas cautelares.

Así, prosigue el juez, habrá que ponderar y valorar los intereses en conflicto y sus consecuencias.

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