El expresidente de la CEOE se negó a dar detalles sobre la compraventa ficticia de inmuebles a su hermano pequeño porque ya había «reconocido los hechos».
Lo que se dirimía en la mañana de hoy, en la segunda -y última- vista del juicio contra Gerardo Díaz Ferran y demás acusados, era determinar si el proceso de transmisión de propiedades había sido legal o no.
Durante la primera sesión, celebrada la pasada semana, los representantes legales de aquellas personas y empresas que habían adquirido los bienes de Díaz Ferran alegaron que se había producido indefensión al no haber recibido traslado de las actuaciones con tiempo suficiente como para articular la defensa.
Esa fue la razón por la que se convocó esta segunda sesión. En ella, los abogados de los actuales dueños, que se opusieron al pacto alcanzado por Díaz Ferran y los diez acusados restantes con la Fiscalía, tenían que obtener la información necesaria para tratar de retenerlas y que se sintetizan en cuatro condiciones básicas: 1. Que las adquirieron de buena fe; 2. Que pagaron un precio por ellas; 3. Que las adquirieron al que era el titular registral; y 4, que las inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad.
Si no se cumplen todas las condiciones, perderían las propiedades.
Díaz Ferran contestó el interrogatorio al que le sometieron varios de los letrados hasta que le llegó el turno al abogado de Melià, que le comenzó a cuestionarle sobre una presunta venta ficticia de varias de sus propiedades a su hermano Manuel Díaz Ferrán.
En concreto sobre cuatro locales situados en la calle de Velázquez de Madrid, dos inmuebles en Calviá y otro en Ciutadella, los cuáles habían sido propiedad de Grudisan Inversiones, la sociedad patrimonial de Díaz Ferran.
Grudisan vendió los locales de Madrid y las viviendas de Baleares a Quatre Bras, compañía vinculada a Ángel del Cabo, condenado -al igual que Díaz Ferran- a cinco años y medio de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
El precio fue de 14,25 millones de euros, dinero que no desembolsó sino que lo retuvo para abonarlo a los bancos acreedores, por lo que no hubo entrega de dinero alguna.
Las propiedades acabaron, finalmente, en las manos de Implementación de Proyectos, propiedad del hermano pequeño de Manuel Díaz Ferran, a través de una operación en la que Gamad fue intermediaria.
Antes de que se cerrara en banda –«Yo no he hecho ninguna venta ficticia, no le voy a contestar más»-, Díaz Ferran aportó algunos detalles sobre esta transacción.
Tras pedir a los abogados presentes en la sala que le hablaran en un tono alto -«estoy mal de los oídos y se me ha desconectado el audífono», dijo- el acusado explicó que solía asesorar a su hermano en temas económicos ya que Manuel sufre una enfermedad degenerativa.
«Padece Parkinson desde hace años y esto le ha generado otros trastornos, mentales y de movilidad, de sueño… Por su estado, yo le aconsejaba y le llevaba sus temas económicos, es mi hermano pequeño», precisó.
Tras la venta de una empresa de transportes, propiedad de ambos, Díaz Ferrán recomendó a Manuel que invirtiera la ganancia obtenida, 14 millones de euros, en la compra de varios inmuebles, a través de la intermediaria Gamad.
No obstante, según ha reconocido, no le comunicó que esas viviendas y locales, seis en total, le habían pertenecido antes de que pasaran a manos de dos entidades bancarias que iban a sacarlas a subasta.
«En esos momentos no tenía la propiedad de esos inmuebles, el propietario real eran las entidades financieras, mi hermano no conocía mi relación anterior con ellas», detalló.
Esta versión fue confirmada por Manuel Díaz Ferrán, quien también prestó declaración acompañado de un asistente que aclaraba sus palabras, difíciles de entender a consecuencia de su enfermedad.
Manuel Díaz Ferran precisó que desconocía los detalles de la operación y que confiaba en la gente que le rodeaba. Añadió que en la actualidad no dispone de ningún capital y que vive de sus amigos.
El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, tiene que decidir, a la vista de las pruebas realizadas en el plenario del juicio, qué sociedades fueron adquiridas de buena fe, cumpliendo las cuatro condiciones citadas, y cuáles no. En el caso de las últimas, tendrán que regresar a la propiedad de Díaz Ferran y servir para compensar a los acreedores de éste.