La Audiencia Nacional investigará a los JEFES DE ETA desde 2004 por LESA HUMANIDAD

La Audiencia Nacional investigará a los JEFES DE ETA desde 2004 por LESA HUMANIDAD

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10/7/2015 00:00
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Actualizado: 10/7/2015 00:00
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El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González investigará a todos los jefes de la organización terrorista ETA desde octubre de 2004 hasta la actualidad por delitos de lesa humanidad en concurso con asesinatos, al considerar que su actividad constituye «un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella».

En un auto dictado este viernes, el magistrado admite parcialmente las querellas interpuestas por Dingidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas y pide a los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que informen «a la mayor brevedad posible» de las causas abiertas relacionadas con asesinatos o secuestros cometidos por la banda desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal.

El juez, que también solicita que los «integrantes de los órganos directivos de ETA» desde esa fecha sean identificados, señala que la actividad de la banda estaba dirigida contra colectivos que fueron perseguidos por «razones políticas e ideológicas» y que se buscó su «eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción y el terror»

En su auto, el magistrado considera que los crímenes cometidos por ETA se pueden enmarcar en un delito de lesa humanidad, del artículo 607 bis del Código Penal, que contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso o deportación, entre otros, cuando se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella, siendo éste el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad».

El magitrado recuerda en su escrito que el delito de lesa humanidad fue introducido en el Código Penal español por medio de la Ley Orgánica 15/2003. Y que está definido «como un delito contra la comunidad internacional y se compone de una serie de conductas básicas, de las cuales, en lo que aquí interesa, la causación dolosa de la muerte de otra persona o las detenciones ilegales, ya eran delictivas como delitos ordinarios con anterioridad». 

Y asegura que «en el caso de los crímenes de ETA concurren prima facie dichos elementos o circunstancias, pues los hechos delictivos se cometen como parte de un ataque sistemático contra una parte de la población civil, constituidos por colectivos que son perseguidos por razones políticas e ideológicas, cuya eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción o el terror, son considerados por la organización estratégicamente necesarios para la consecución de sus objetivos políticos«.

Sin embargo, el magistrado reconoce que «la aplicación de dicho tipo penal a los querellados como integrantes de las diferentes cúpulas de la organización terrorista plantea serios problemas desde la perspectiva del principio de legalidad. Este principio, tal como viene formulado en el artículo 25.1 CE en cuanto al ámbito penal, supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta, según la legislación vigente en aquel momento».

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