El juicio por el vaciamiento del Grupo Marsans quedó visto para sentencia. Gerardo Díaz Ferran, expresidente de la CEOE y dueño de Marsans, y el «liquidador» de empresas Ángel de Cabo no tienen que esperar a ver la sentencia. Ya han aceptado una condena de 5 años y medio de prisión. Para ellos, el resultado es firme.
El desacuerdo surgió con las responsabilidades civiles fijadas, derivadas por la transmisión patrimonial a terceros de las propiedades de Díaz Ferran.
Durante la primera sesión del juicio tanto Díaz Ferrán -para quien la Fiscalía reclamaba en principio 15 años de prisión- como De Cabo -para quien se pedían 8 años de cárcel-, las defensas la mayor parte de las 21 acusaciones particulares alcanzaron dicho acuerdo de conformidad.
En el curso de la fase de conclusiones definitivas, este viernes por la mañana, el abogado de Meliá Hoteles reclamó que una de las sociedades afectadas Bluebay, devuelva los hoteles que le fueron cedidos por Angel de Cabo.
Son ocho hoteles en España y el Caribe que fueron cedidos por Hotetur, la cadena hotelera de Marsans al grupo Al Andalus de la familia Iglesias.
Según el abogado de Meliá, esas cesiones se produjeron sin precio alguno y formaban parte de un plan para vaciar de sus activos a Hotetur en perjuicio de los acreedores de Marsans, por lo que exige que Bluebay, de la que Iglesias es el principal socio, los devuelva.
La clave para que el tribunal presidido por Alfonso Guevara se incline por el lado de los reclamantes o de los que poseen esas propiedades está en la capacidad que estos últimos hayan tenido para poder demostrar cuatro puntos: 1. Que las adquirieron de buena fe; 2. Que pagaron un precio por ellas; 3. Que las adquirieron al que era el titular registral; y 4, que las inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad. Si no se cumple una sola de estas condiciones, las propiedades cambiarán de manos.
El letrado también criticó a las administraciones concursales, afirmando que no hicieron todo cuanto era posible para evitar el saqueo de Marsans.
La Fiscalía, que acusa a ambos de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, aceptó la conformidad porque considera que los acusados han admitido su participación en los hechos y han colaborado «en la reintegración en la masa concursal, de activos cuya existencia se desconocía» y que se cuantifican en unos 20 millones de euros
Se tuvo en cuenta, para alcanzar la citada conformidad, la colaboración de Díaz Ferrán para la recuperación de activos a través del organismo internacional de mediación y arbitraje, denominado CIADI, ubicado en Washington, y que debe decidir si el Gobierno argentino debe abonar al empresario una indemnización de más de 1.000 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
El dinero recuperado se destinará también al pago de los acreedores.
También De Cabo y su número dos, Iván Losada, han colaborado. El ‘liquidador’ señaló propiedades hasta el momento no detectadas en la investigación judicial mientras que Losada ayudó a que afloraran dos millones de euros que estaban depositados en cuentas de Luxemburgo, han indicad las mismas fuentes. Los otros siete acusados no ingresarán en prisión dado que las penas pactadas no alcanzan los dos años.
Ahora, la sección tercera de la Sala de lo Penal tendrá que decidir sobre este extremo en una sentencia en la que tendrá que plasmar también las condenas para los once acusados.
Este no es el último juicio al que tiene que hacer frente Díaz Ferran. Ante él le espera otro, junto a Losada, por la apropiación de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans en el que la Fiscalía ha pedido cuatro años más de cárcel.
En diciembre de 2013 el que fuera todopoderoso «patrón de patrones» de la CEOE fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.
Una operación por la que el juez Fernando Andreu admitió en marzo una querella de la compañía por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares.