Y a la tercera fue la vencida. Carmen Valcarce, la magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, finalmente ha concretado las acusaciones contra tres exguardias civiles, el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y el empleado autonómico Manuel Pinto.
Valcarce decidió su archivo dos veces previamente pero la Audiencia Provincial le corrigió.
Los delitos a imputar son de malversación de caudales públicos por el supuesto espionaje a altos cargos en la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2008.
El procedimiento arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el entonces vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, «mano derecha» de Alberto Ruiz-Gallardón, que dijo haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008, tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en unas elecciones generales y en medio de una lucha interna por el poder dentro del PP.
A las mencionadas diligencias se sumó después la denuncia presentada por el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo, Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Cobo y Prada se posicionaron del lado de Rajoy frente a la contraparte, Esperanza Aguirre, entonces presidenta del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, y rival del líder popular.
La jueza Valcarce archivó provisionalmente el caso dos veces y dos veces la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid -presidida por Miguel Hidalgo-, tumbó su decisión y forzó a la magistrada Valcarce a que siguiera investigando.
Conforme a los delitos de los que se les imputa, el juicio tendrá que celebrarse bajo el procedimiento del tribunal del jurado.
En la audiencia preliminar, las partes han solicitado nuevas pruebas antes de que se señale el día del juicio y se ha especificado a los imputados los delitos que se les imputan.
Una de las defensas ha solicitado al tribunal que testifiquen varias personas, entre ellas el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el exconsejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y el exconsejero Francisco Granados, en prisión preventiva por el «caso Púnica».
Esta testifical estaría relacionada con una grabación publicada por el diario ‘El Mundo’ entre Granados y los tres guardias civiles imputados en la causa. EP.