120.000 millones de euros al año. Esa es la repercusión económica, el coste de la corrupción para la economía de la Unión Europea (UE), según Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, miembro nacional por España de Eurojust.
Jiménez-Villarejo Fernández hizo estas declaraciones durante su ponencia, que versó sobre lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la cooperación internacional y en la necesidad de mejorar la recuperación de activos procedentes del delito, en el marco de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que está teniendo lugar en el Pazo de Mariñán, A Coruña.
Eurojust, es el órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, mediante la adopción de medidas que facilitan la mejor coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales que cubren el territorio de más de un Estado miembro. Su sede se encuentra en La Haya, Holanda.
Desde su punto de vista, éste es un fenómeno complejo y un desafío real para los sistemas democráticos «ya que daña la justicia social, cuestiona la primacía del Estado de Derecho y socava la democracia».
Esta restitución, añadió, «juega un papel muy importante en la actual política de lucha contra la criminalidad organizada, partiendo del lema de que el delito no resulte provechoso, y aplicando los instrumentos de reconocimiento mutuo como principio consagrado en el Tratado de Lisboa como base de la cooperación internacional», ha sostenido.
Igualmente ha abordado el esfuerzo realizado en España durante la última década para implementar estos instrumentos legales.
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández centró su intervención en que para evitar, investigar y castigar a la corrupción se ha de «comenzar por un adecuado sistema de prevención y control, en un marco que impida la opacidad, verdadero caldo de cultivo de las conductas corruptas».
Para Fernández, la Justicia tiene un papel fundamental en este ámbito, «que se cumple con absoluto rigor, independencia e imparcialidad por nuestro poder judicial». Ha remarcado que la tarea de los tribunales dista mucho de ser fácil, siendo numerosos y variados los problemas que afectan al quehacer judicial.
Por ello, con la finalidad esencial de detectar y evaluar tales dificultades, así como para auxiliar a los órganos judiciales, el CGPJ aprobó este año la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
La Unidad se integra con los servicios técnicos del Consejo, Servicio de Inspección, Personal Judicial, Servicio de Relaciones Internacionales, Oficina de Comunicación y Secretaría General. Su ámbito de aplicación son los delitos que constituyen manifestaciones de la corrupción, ya que debe recordarse que ni en el derecho español ni en el comparado existe una definición legal de este término. Es preciso, además, que la investigación presente cierta complejidad.
Las medidas que puede adoptar esta Unidad son variadas, partiendo de un principio esencial, cual es el de la defensa de la independencia judicial. Cabe resumirlas en prestar todo el apoyo que requiera la investigación y el juez para desempeñar su trabajo, como medidas de refuerzo personales, equipos especializados, auxilio internacional, etc.
Es también una finalidad esencial de la Unidad tener un conocimiento cabal del estado de las causas judiciales por corrupción en España que permita, además, proponer modificaciones normativas para mejorar la respuesta a este gravísimo problema. Este estudio permitirá que se incorporen sus resultados a la memoria anual que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presenta anualmente al Parlamento.
Cerró las intervenciones de la tercera jornada del curso la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, quien comenzó su ponencia hablando de «la indiscutible relevancia social que presenta el problema de la corrupción, tanto en el ámbito público como entre particulares, y del evidente interés que suscitan los mecanismos de protección frente a dicha lacra».
Roldán analizó las últimas reformas legales en materia de lucha contra la corrupción, tanto sustantivas como procesales, para concluir afirmando que España se encuentra «ante un conjunto de medidas legislativas sin precedentes desde que se aprobara la Constitución en el año 1978».
La subsecretaria recordó que las últimas modificaciones legales afectan principalmente a las penas, ya que se refuerza la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la administración pública y se castiga la financiación ilegal de los partidos políticos.
Destacó también la reforma del decomiso, con la ampliación de las posibilidades de decomiso ampliado, sin sentencia y de bienes de terceros, así como las nuevas bases para la creación de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.