Manuel Marchena fue tajante sobre las consecuencias de los macroprocesos, durante su intervención en la Escuela de Verano del Poder Judicial: «Generan un efecto perverso en el proceso penal y lo separan de los principios que informan el ejercicio de la jurisdicción penal».
Para Marchena, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aborda de modo satisfactorio este problema al ofrecer una fórmula para modificar las reglas de conexión penal, de forma que los distintos delitos que se imputen a una persona puedan ser enjuiciados en distintos procesos.
El presidente de la Sala de lo Penal considera indispensable ahondar en la reforma para introducir «fórmulas generosas de conformidad y negociación penal, de manera similar a otros países de nuestro entorno».
En su opinión, el modelo quedaría mucho mejor definido si la instrucción dependiese del Ministerio fiscal.
Con respecto a los partidos políticos, cree indispensable limitar las posibilidades de ejercicio de la acción popular, «ya que lo contrario supondría trasladar al proceso penal las reglas de la controversia política».
Las jornadas fueron clausuradas por el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén María do Campo Piñeiro.