Nueva DENUNCIA ante la ONU por la Ley JUSTICIA GRATUITA
Rights International Spain junto a la Brigada Tiutera expresan ante a Relatora Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados su preocupación por el modo de tramitación de la reforma a la justicia gratuita promovida por el Gobierno y su Grupo Parlamentario en el Congreso. Denuncian que «el acceso a un abogado de oficio vuelve a estar en grave peligro en España».
El año pasado, RIS y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ya se dirigieron a la Relatora poniendo de manifiesto que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita “no mejora la ley vigente, introduce nuevas y graves restricciones al acceso a la justicia y plantea más trabas en la efectiva prestación del servicio de asistencia jurídica”.
Con este motivo, la Relatora Especial envió al Gobierno español en noviembre de 2014 una carta de alegaciones “relativas a la posible vulneración del derecho de acceso a la justicia y a la efectiva prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en el caso de que se adopte el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita“.
Desde RIS recuerdan «que el Proyecto de Ley fue debatido en Comisión de Justicia, se propusieron en enmiendas, pero no llegó a aprobarse el informe de la ponencia por el Pleno del Congreso. La tramitación parlamentaria, que se puede consultar en la web del Congreso, parece que quedó aparcada el 25 de julio de 2014».
Después de que el Proyecto de Ley estuviese un año parado en el Congreso, a principios de junio de 2015, el Grupo Parlamentario Popular impulsó una enmienda al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil, incluyendo una reforma encubierta a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Disposición Final Tercera). La enmienda reproduce en su mayoría las disposiciones del Proyecto de Ley de 2014, fuerte y ampliamente criticado, como decíamos, por organizaciones de la sociedad civil, profesionales y colegios de abogados por crear una barrera al derecho de acceso a la justicia al limitar el acceso a un abogado de oficio.
Esto ha motivado que Rights International Spain contacte, de nuevo con la Relatora, esta vez con el respaldo de la Brigada Tuitera para poner «de relieve que las preocupaciones planteadas en previas comunicaciones con su oficina siguen plenamente vigentes». Y, además «denunciar la inminente aprobación de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita (pues el texto se encuentra ya en el Senado, cámara donde el Grupo del Partido en el Gobierno dispone igualmente de mayoría) y la manera en la que esta cercena el acceso de la ciudadanía a un abogado de oficio y a la justicia».
Insisten en denunciar también «la nefasta técnica jurídica empleada para aprobar una norma de tan hondo calado y que tanto afecta a la ciudadanía, pretendiendo esquivar la participación y consulta de la sociedad civil». y señalan que «el procedimiento por el que se pretende adoptar esta reforma encubierta choca con un principio y valor inherente al Estado de Derecho: un proceso legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista»
Desde su punto de vista «ni se ha explicado o justificado la necesidad de proceder de tal manera (introducir una enmienda a otra ley cuando ya se estaba tramitando un Proyecto de Ley específico de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), ni se ha sido transparente ni, por supuesto, se ha querido celebrar un debate público, plural y democrático con profesionales, expertos en derechos humanos ni colegios de abogados. El fin no parece ser otro que silenciar las voces críticas».
Por esta razón, «instan a la Relatora Especial a emprender una acción urgente a fin de hacerle llegar sus preocupaciones sobre esta reforma al Estado español. Igualmente, insistimos en la necesidad de que visite en misión oficial España para examinar la situación y verificar si se está cumpliendo o no con las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia»
