La JEFA DE LA OFICINA ANTIFRAUDE, que dio la orden de DETENER a RATO, declara el lunes ante el JUEZ

La JEFA DE LA OFICINA ANTIFRAUDE, que dio la orden de DETENER a RATO, declara el lunes ante el JUEZ

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19/7/2015 00:00
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Actualizado: 19/7/2015 00:00
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El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato interrogará mañana, lunes, como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

El magistrado, que abrió la investigación contra Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, preguntará a la responsable del organismo tributario, dependiente del Ministerio de Hacienda, por la operación desarrollada el pasado 16 de abril por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en la que arrestaron a Rato durante unas horas mientras registraban su domicilio y su oficina.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015.

También reclamó el registro de su domicilio «incluso con la autorización de la fuerza».

En su informe, sobre el que se preguntará este lunes a García Valdecasas, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato.

Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.

DESPATRIMONIALIZACIÓN

La inspectora jefe de la ONIF deberá también ratificar lo señalado en su informe sobre presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen realizando «con mucha intensidad» en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el ‘caso Bankia’.

La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene «un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales», algo que choca con una actividad empresarial y profesional «básicamente nacional y escasamente internacional», según señalaba la denuncia.

También sospecha que Rato utilizaba «territorios de riesgo» (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía «una elevada facturación interna» en su entramado societario que «hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

Por otra parte, cree que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI «hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA».

De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia «el ánimo de defraudación tributaria», razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.

El juez, no obstante, señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento descarta la existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía atribuyó a Rato, ya que por el momento únicamente ve «perfilado» el delito fiscal. EP. 

PARA SABER MÁS: EL JUEZ REDUCE A UN DELITO FISCAL EL CASO RATO

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