La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid) presentó una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo denunciando la preocupante situación de la justicia en España.
El Derecho de Petición es uno de los derechos los ciudadanos europeos.
El artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que todo ciudadano de la Unión Europea, actuando a título individual o junto con otros, tendrá derecho a presentar ante el Parlamento Europeo, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le afecte directamente.
Bajo el amparo de este derecho fundamental, la Comisión de Estudios Jurídicos de la Agrupación madrileña –formada por los letrados Juan G. Ospina, Carlos Cervera, Paloma Díaz, Alberto Cabello y Ana Puerto–, presentaron una queja ante el Parlamento Europeo, denunciando los principales defectos de la justicia española.
En un detallado informe, la AJA Madrid señala la politización de la justicia y la falta de medios de la Administración de Justicia como graves problemas que «alimentan la inseguridad jurídica y relativizan el fundamento del Estado de Derecho español».
Como defecto principal exponen que, si bien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano encargado de nombrar a los magistrados de más relevancia, desde 1985, los miembros que componen ese Consejo son elegidos por parte de los órganos parlamentarios compuestos por grupos políticos.
Los jóvenes abogados madrileños afirman que, desde entonces, viene creciendo entre la sociedad española «la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa’», lo cual relativiza la efectividad de la independencia judicial garantizada en la Constitución Española.
Y ponen como ejemplo los asuntos judiciales de corrupción política más graves de los últimos tiempos. Señalando, de forma especial, que la traumática lentitud de la justicia redunda en la pérdida de eficacia de la jurisprudencia.
Y cuando llega, lo hace tarde tarde. Lo que «genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos».
La queja de la AJA Madrid no solo pone de manifiesto los principales problemas que merman los principios democráticos y Derechos fundamentales de los ciudadanos –recogidos tanto en nuestra norma suprema como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales–, sino que proponen soluciones concretas.
Solicitan la reforma estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden a que «los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces con arreglo al criterio igualitario por excelencia de ‘un hombre, un voto’».
Asimismo, exigen que el sistema de evaluación se base únicamente en criterios de mérito y capacidad, «con exclusión expresa de cualesquiera otras consideraciones, muy especialmente las atinentes a ideología de los candidatos».
Sugieren que no solo sean atendidos los méritos objetivos de antigüedad y posición en el escalafón de la carrera judicial sino que, de forma secundaria pero no menos importante, se valoren los méritos subjetivos a través de pruebas de selección tanto de conocimiento jurídico como de habilidades extrajurídicas, como son las habilidades de dirección, coordinación, gestión, comunicación y conocimiento del entorno.
Como paso previo para resolver «el monstruoso atasco de la administración de justicia», solicitan la ampliación del cuerpo de jueces y magistrados y la constitución de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.
Asimismo, la Agrupación madrileña mantuvo reuniones con miembros del PSOE, de Ciudadanos y del Grupo Popular Europeo.
Los jóvenes letrados recalcan el trato excepcional que recibieron por parte de los grupos parlamentarios, la cercanía de los eurodiputados y el tiempo que dedicaron a comentar el contenido de la petición.
En particular, los eurodiputados Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pablo Zalva, abrieron las puertas de sus despachos para debatir juntos las cuestiones político-jurídicas que afectan gravemente a la estabilidad democrática nacional.
El mismo escrito de denuncia ha sido presentado ante el Defensor del Pueblo Europeo.
«Con este llamamiento dirigido al Parlamento Europeo confiamos encontrar en las instituciones europeas un apoyo a la trágica situación que vivimos los juristas y ciudadanos en España», explica Juan G. Ospina, presidente de la Agrupación madrileña.
Asimismo, esperan que los distintos colegios de abogados, asociaciones y plataformas cívicas españoles se adhieran a este denuncia.
En caso de que la queja presentada resultara admitida, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo otorgaría a la Agrupación la posibilidad de exponer la misma para después dar traslado de la denuncia a la Comisión específica oportuna quien determinaría si es o no competente para pronunciarse al respecto.
Si así lo fuera, esta Comisión podría hacer una consulta a la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, al Gobierno de España o a la Comisión Europea, antes de manifestarse al efecto.
Finalmente, este procedimiento, que llevará alrededor de un año, podría desembocar en la llamada ‘misión de observación al país’.
Este mandato expreso a los eurodiputados de cada grupo parlamentario español en la Unión, supondría una verdadera llamada de atención a España y sentaría un precedente histórico en el Estado de Derecho Español.