Se repite EL CASO PINOCHET con el JEFE de los servicios SECRETOS DE RUANDA

Se repite EL CASO PINOCHET con el JEFE de los servicios SECRETOS DE RUANDA

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19/7/2015 00:00
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Actualizado: 19/7/2015 00:00
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Emmanuel Karenzi Karake, jefe de los servicios secretos de Ruanda, se encuentra en Londres, pendiente de su entrega a España, que lo reclama por los delitos de genocidio y terrorismo y el asesinato de nueve españoles entre 1994 y 2000.

Karake, de 54 años, es teniente general del Ejército de Ruanda y director general de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad de ese país.

Fue detenido el 20 de junio en la capital británica en virtud de la euroorden emitida por el juez del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.

El teniente general ruandés pasó cinco días en la cárcel, hasta que el 25 de junio el juez Quentin Purdy, del tribunal de magistrados de Westminster, competente en el caso, le concedió la libertad bajo fianza de un millón de libras (1,4 millones de euros).

El juez Purdy, asimismo, le retiró el pasaporte, le prohibió salir del país, le obligó a fichar diariamente en una comisaría de Scotland Yard y a estar localizable las 24 horas del día; finalmente, fijó el 29 y el 30 de octubre como los días para celebrar la vista en la que decidirá su entrega a España o su puesta en libertad. 

Karake es uno de los 40 militantes ruandeses de la etnia tutsi para los que el juez español Fernando Andreu mantiene órdenes de busca y captura por el asesinato de nueve españoles -seis religiosos y tres cooperantes de Médicos del Mundo- entre 1994 y 2000.

Como responsable de la inteligencia militar del Frente Patriótico Ruandés, del que era principal responsable el presidente Paul Kagame, Karenzi supuestamente «conoció y aprobó» el asesinato de los cooperantes españoles de Médicos del Mundo, Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña en enero de 1997. 

Los tres cooperantes españoles fallecieron en en enero de 1997 en Ruhengeri (norte de Ruanda).

Sirera, Madrazo y Valtueña prestaron auxilio a los supervivientes de una matanza de unos 50 hutus a manos del Frente Patriótico Ruandés (liderado por Kagame) y un campesino les mostró las fosas comunes con cuerpos de otras masacres de los guerrilleros en los días anteriores. 

Dos días después de ser testigos de ese horror, cuatro soldados tutsis entraron en su residencia en aparente actitud amistosa para, minutos después, matarlos a tiros. Ese ataque fue planificado en una reunión a la que asistió un miembro del equipo de inteligencia que dirigía Karenzi y que declaró como testigo ante Andreu.

El exespía relató al juez que el máximo jefe militar en ese encuentro ordenó el asesinato porque «los blancos disponían de información sensible de las masacres que acababa de realizar el FPR».

Aparte de los tres cooperantes, otros seis españoles perdieron la vida en esa espiral de violencia: los sacerdotes Joaquín Valmajó, que había denunciado los crímenes de los tutsis, y Servando García.

Éste último se encontraba con tres compañeros maristas (Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla Lucio y Fernando de la Fuente) junto a 30.000 refugiados ruandeses acogidos en un campo de ACNUR en Congo.  

Cuando se les suspendió la ayuda alimenticia para obligarlos a regresar a Ruanda, los religiosos permanecieron con los refugiados.  Los miembros del FPR los torturaron, les propinaron machetazos, les dispararon y tiraron sus cuerpos a un pozo.

Otro religioso español más, el guipuzcoano Isidro Uzcudun, también fue asesinado.

SIMILAR AL CASO PINOCHET, PERO NO IGUAL

El caso del militar ruandés presenta ciertas similitudes con el del dictador chileno Augusto Pinochet, en los años 1998 y 2000, si bien las posibilidades de que en este caso prospere positivamente para España son muchos mayores. Porque en esta ocasión el Gobierno británico no tiene competencia para impedir la entrega, si los jueces dan luz verde. 

La diferencia entre un caso y otro, según el abogado Joan Garcés, impulsor del proceso a Pinochet que permitió su arresto en Londres en 1998, es que la petición de extradición del dictador chileno se hizo al amparo del Convenio Europeo de Extradición vigente en ese momento, que daba al ministro británico del Interior la última palabra en materia de extradición.

Así, aunque el juez británico Ronald Bartle del tribunal londinense de Bow Street autorizó la extradición, el Gobierno británico pudo evitarla liberando a Pinochet por razones humanitarias, alegando que, según informes médicos, el general no estaba en condiciones mentales de afrontar un juicio.

En cambio, en el caso que afecta al militar ruandés, su arresto se produce en el marco de una orden europea de detención, que circunscribe la decisión al ámbito «estrictamente judicial».

«La ley no le confiere al Gobierno competencia para decir no si la decisión de los jueces es que procede la extradición», subraya Garcés.

A este abogado la demanda de Andreu respecto de Karake le parece «legalmente sólida» e «igualmente la obligación británica de conceder la extradición» si bien, precisa, la decisión final dependerá del desarrollo del propio procedimiento judicial en Reino Unido.

De la misma opinión que Garcés es su colega Manuel Ollé, promotor de la querella del ‘caso Ellacuría’ que persigue el asesinato de seis jesuitas españoles en El Salvador en 1989.

PARA SABER MÁS: Manuel Ollé: “China encargó una ley al Gobierno español para que modificara la Ley de Justicia Universal” (abogado defensor de los derechos humanos y profesor de Derecho Penal Internacional)

La petición de entrega de Karake a España «debe prosperar», afirma. En su opinión, el instrumento procesal utilizado para pedir su entrega, la orden europea de detención, «cumple todos los requisitos» para que se atienda la petición.

Tampoco la última reforma de la ley de justicia universal española resta posibilidades de prosperar a la demanda de Andreu pues «al haber víctimas españolas» en los delitos que se le imputan a Karake –haber ordenado el asesinato de tres cooperantes españoles de Médicos del Mundo– «se justifica plenamente la jurisdicción española», opina Ollé.

NO TIENE INMUNIDAD

Los dos abogados coinciden también a la hora de rechazar que el militar ruandés pueda librarse de la extradición por una supuesta inmunidad diplomática. Y es que, según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, solo los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Exteriores en ejercicio tienen inmunidad frente a una orden de detención a efectos de extradición ordenada por un juez de instrucción.

Tras la detención de Karake en Londres, el Gobierno ruandés puso el grito en el cielo y denunció que el proceso abierto en España con respecto a un total de 40 altos y exaltos cargos del país procesados por terrorismo, crímenes contra la humanidad y genocidio responde a motivaciones políticas.

«¡La solidaridad europea a la hora de humillar a los africanos es inaceptable!. Es una salvajada arrestar a un funcionario ruandés basándose en una locura progenocida», escribió en su cuenta en Twitter la ministra ruandesa de Exteriores, Louise Mushikiwabo.

Unos días después, la Unión Africana reclamó la liberación inmediata de Karake y consideró una «amenaza» a la «seguridad y la estabilidad de Ruanda y de toda África» su detención en Londres, además de una «violación de la soberanía y la integridad territorial de los Estados africanos».

Para muchos, Karenzi Karake «es un héroe, un miembro principal del Frente Patriótico Ruandés que terminó con el genocidio de Ruanda en 1994», que acabó en tan solo cinco meses con la muerte de entre 800.000  y un millón de ruandeses de la etnia tutsi (y también con algunos hutus moderados) por parte de hutus extremistas, explica Anneke van Woudenberg, de la división para Africa de Human Rights Watch. «Pero para otros, (Karake) es responsable de muchos asesinatos y otros abusos en la época posterior al genocidio», añade esta experta.

En su auto de procesamiento, el juez Andreu acusa al Frente Patriótico Ruandés de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando «horrendos crímenes» contra la población civil, en su mayoría de la etnia hutu.

El auto del magistrado ha sido criticado por ocuparse solo de los crímenes de los tutsis contra los hutus, olvidando el genocidio anterior cometido por extremistas hutus principalmente contra la minoría tutsi. De hecho, un cable del embajador norteamericano en Ruanda del año 2008 desvelado por Wikileaks describe el sumario del juez Andreu como «escandaloso y erróneo».

«El proceso español a los 40 militares ruandeses ofrece una versión irreconocible de uno de los episodios más dolorosos y violentos de la historia de Ruanda, distorsionando la verdad establecida, inventando matanzas», agregaba el diplomático. CONFILEGAL/EP. 

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