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JUECES PROGRESISTAS DENUNCIARÁN ante la ONU la ELECCIÓN del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

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Magistrados progresistas del Tribunal Supremo y vinculados a asociaciones judiciales están preparando un informe que dirigirán a la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU y en el que denuncian presiones dirigidas a propiciar el nombramiento de Luis María Díez-Picazo Giménez como presidente de la Sala Tercera.

El informe, en el que se critican las «contínuas» injerencias del poder ejecutivo en el judicial, y que será remitido al organismo internacional el próximo lunes, no será el primero que recibe la relatora.

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Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain, se dirigieron en 2014 a este organismo para informar de que diversas iniciativas del Gobierno «están erosionando el principio de separación de poderes».

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Las asociaciones denunciaban, en concreto, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, y la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político y pedían a la ONU que solicitara explicaciones al Ejecutivo

Además, las citadas asociaciones judiciales solicitaban «a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados que realice una visita oficial a España para analizar directamente las dificultades que está atravesando la Justicia independiente en nuestro país, habida cuenta de la gravedad que ha alcanzado la situación».

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En el escrito que se presentará a la relatora, como complemento al escrito de las asociaciones se denunciará que el Pleno del CGPJ eligió este miércoles a Díez-Picazo como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con 12 votos a favor frente a nueve que recabaron otros candidatos. Una elección que se llevó a cabo en medio de rumores que apuntaban a que los vocales del órgano de gobierno de los jueces podían haber sido presionados para no renovar en su cargo a hasta ahora presidente (CONFILEGAL/EP).