La juez Begoña Tárrega relata aquí, en primera persona, cómo fue ese periodo de tiempo en el que se convirtió en protagonista de una pesadilla propia de Kafka. Todo por hacer lo que le enseñaron en la Escuela Judicial de Barcelona. El texto fue publicado, originalmente, en «Noticias Francisco de Vitoria».
En Barcelona te enseñan como actuar ante la irregularidad, ante el ilícito, pero no te explican las consecuencias.
Recientemente ha saltado a los medios de comunicación el archivo del expediente disciplinario por falta de trato desconsiderado, adoptado por unanimidad, que hoy es firme.
Aprobé las oposiciones por turno libre con 26 años, y tomé posesión en el Juzgado de Villajoyosa; a los tres meses, en junio de 2012, el Servicio de Inspección realizó una visita e informó favorablemente por la reducción de pendencia de la carga de trabajo en más del 60%.
Por esa manía que tengo de revisarlo todo, me encontré por casualidad el nombre de la denunciante, la Sra. Such Ferrandiz, Secretaria Judicial interina, como letrada en dos procedimientos, cuya última actuación era de 2 años de antigüedad, que constituye supuesta causa de incompatibilidad del artículo 393 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), así como en relación con el artículo 495 de la misma Ley así como el artículo 141.6c) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Se lo comenté y le requerí para que lo comunicara a su superior, pero no obtuve respuesta. Finalmente lo comunique a la Presidenta del TSJCV, cuya contestación fue que “cuanto quisiera decirle lo hiciera por escrito” y así lo hice, un 3 de febrero de 2014.
Al descubrirlo, la denunciante inició su particular venganza, con actos hostiles, como afirmar en diligencias de constancia que no me encontraba en sede judicial a pesar de estar grabada celebrando vistas durante toda la jornada, o exigirle al encargado de mantenimiento que no me entregara llave de la oficina tras el cambio de cerradura; y cuyo colofón fue una pila de denuncias ante la Sala Civil y Penal, y Sala de Gobierno del TSJCV, Promotor de la acción Disciplinaria (PAD), Inspección de Trabajo, y el Servicio de Inspección del CGPJ.
Hice lo que me enseñaron. Remití hasta 4 escritos a la Presidenta del TSJCV explicando la situación, que se me impedía desarrollar mi trabajo y el grave perjuicio producido, pero nunca obtuve respuesta.
Conocí a posteriori que la Presidenta solicitó por oficio una visita extraordinaria de inspección por las “divergencias entre Secretaria Judicial y Juez”
Después de salir a la luz que la denunciante había firmado en uno de los procedimientos citados en los que se había admitido su abstención, renunció a su cargo en mayo de 2014.
Según conocí después, la Presidenta del TSJCV llamó a Inspección para que se mantuviera la visita a pesar de que carecía de objeto, ahora para investigar un supuesto conflicto laboral.
A pesar de la renuncia de la denunciante, que es letrada en ejercicio, actualmente sigue en las bolsas de Secretarios Judiciales en Alicante, pudiendo ser nombrada en cualquier momento.
En junio de 2014, la visita de inspección se convirtió en el pliego de cargos del expediente.
Se dio la casualidad de que las declarantes y posteriormente quejantes coincidían con lo solicitado por la denunciante en su escrito de queja remitido al CGPJ unos días antes y con ocasión de la visita. Para las letradas de inspección solo había una salida: que pidiera disculpas públicamente a las denunciantes por hacer mi trabajo.
Me negué rotundamente.
No salía de mi asombro, en tres años no había tenido ninguna queja y de repente surgieron denuncias y emails anónimos, funcionarias denunciantes que se sentían “presionadas”, por pedir procedimientos de sus negociados, por exigir la tramitación de escritos sin proveer desde hacía un año o por pedirles que lo minutado saliera “para hoy”.
Estas funcionarias afirmaban por escrito sentirse intimidadas por mi mirada o por el ruido de mis tacones al llegar a la oficina en una inusual corte de los milagros de panorama tan surrealista, que Dalí les hubiese dedicado un retrato y Berlanga hubiera filmado una película.
La Disciplinaria me avaló dos veces por unanimidad.
Primero desestimando la petición de medida de suspensión de empleo y sueldo, sobre la que informó favorablemente el PAD sin haberme oído.
El 4 de diciembre de 2014 la Comisión resolvió que los hechos denunciados no tenían apariencia de realidad ni verosimilitud y que en todo caso no constituían falta muy grave.
Aun así el PAD me interrogó por una falta muy grave unos días después en Madrid.
Luego se trasladó a la Audiencia en Alicante para recibir en declaración a 23 personas, quienes ya declararon en la visita de inspección y otra más solicitada por la denunciante, a quien nunca se le recibió en declaración.
En aquéllas hubo quien se retractó, quien se contradijo y quien afirmó (prácticamente unánime) que nunca hubo gritos ni insultos ni desconsideraciones.
Tuve la impresión de ser parte de la ceremonia del Juramento en el Tribunal del Santo Oficio.
Por segunda vez, la Comisión por unanimidad el pasado 29 de abril de 2015, acordó el archivo del expediente abierto por el PAD declarando que los hechos que se me imputaban no constituían falta disciplinaria alguna y que obré en el ejercicio de mi función.
Respaldaron todo mi trabajo.
Para mí, ha sido una pesadilla: por los catorce meses de procedimiento trabajando con una notable carga de trabajo a la vez que contestaba a cada uno de los más de 10 escritos presentados por las denunciantes con las que trabajaba a diario, por los 1400 folios, por las notificaciones de las resoluciones reservadas a través del fax de otro Juzgado, por las informativas abiertas sin denuncia o queja, en base al testimonio de un procedimiento judicial.
Por permitir declaraciones de rumores y descalificaciones hacía mí. Por el celo en investigar mi carácter y mi forma de ser, sin que afectare a la capacidad resolutiva del órgano.
Por desestimar todas las pruebas solicitadas al considerar el PAD que era inaceptable utilizarlas en el ejercicio de mi defensa.
Para rematar, los medios de comunicación regionales crearon un estado de opinión contrario a mi persona al publicar periódicamente los escritos de la denunciante en el que se vertían graves injurias hacía mí.
Cuando recayó la resolución de archivo del Expediente, solicité a la presidenta del TSJCV que difundiera a los medios a través de una nota de prensa con el contenido de la resolución de la disciplinaria, por la que todavía espero respuesta.
Pese a todo, más de 15 profesionales con los que trabajo a diario (jueces, fiscales, procuradores, médico forense, gestores, secretarios judiciales y auxilio judicial), en cuanto tuvieron conocimiento declararon oralmente o por escrito defendiendo mi trabajo y la corrección de trato; así como mas de 200 compañeros que me han dado su apoyo a través de las redes sociales, foros y correo electrónico, que agradezco una vez más.
Todo esto no hubiera sucedido si un Reglamento elaborado con el consenso de todas las Asociaciones Profesionales, regulara la actuación del Servicio de Inspección y del PAD.
No solo el procedimiento disciplinario en todo su detalle, sino también el funcionamiento del Servicio y el procedimiento que se sigue, aplicando al inspeccionado las garantías procesales penales que recibe cualquier ciudadano.
Mientras tanto, cuando las nuevas Promociones me pregunten cómo actuar ante la irregularidad, una parte de mí le dirá, lo que me enseñaron: ¡Denuncia!
Y otra parte de mí, le dirá que la consecuencia son 14 meses, 10 días y 20 horas.
Pero mi conciencia me dice que denuncie.