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Justicia NO INDEMNIZARÁ a una víctima de VIOLENCIA MACHISTA pese a la petición de la ONU

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El Ministerio de Justicia ha negado la indemnización a una víctima de violencia machista cuya hija de 7 años fue asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión, un caso que llegó a la ONU, organismo que pidió «una indemnización integral y proporcional» a la gravedad de los hechos.

El Gobierno ha confirmado que no va a indemnizar ni a reparar a Ángela González Carreño, la mujer que denunció hasta 48 veces a su exmarido por malos tratos, que pidió que le prohibieran visitar a la hija que tenían juntos hasta que en una visita sin vigilancia él mató a la niña y se suicidó.

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Tras años de pleitos,  Ángela González, madre de la menor, logró que la organización Women’s Link Worldwide presentara una demanda en septiembre de 2012 en nombre en su nombre ante Naciones Unidas.

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Tras estudiar el caso, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), decidió dar la razón a Ángela y, en 2014, condenó a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, y concluyó que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la niña por el maltratador y reprobó al Estado español por no haberlas protegido, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.

Una condena que ponía en evidencia las deficiencias y los errores que se suelen producir en los casos de violencia machista que podría catalogarse de ‘manual’ cuando existen hijos e hijas menores implicados en este tiepo de asuntos. 

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Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado hoy el rechazo de la indemnización al considerar que «no ha quedado acreditado» el «mal funcionamiento de la Justicia«.

«Se produjo un hecho absolutamente lamentable» y «reprobable desde todo punto de vista», ha dicho Catalá en referencia al fallecimiento de la menor, pero ha precisado que «había que determinar si existía una responsabilidad por el mal funcionamiento de la justicia y de la Administración».

Y, según ha aseverado el ministro en declaraciones a los medios, esto no ha quedado acreditado y «se ha determinado que no hay responsabilidad directa por el mal funcionamiento de la administración de Justicia«.

«Insisto en que el fondo de la cuestión es una desgracia, es muy lamentable, toda nuestra solidaridad con ese caso» pero ha insistido en que «formalmente, lo que no podemos hacer es generar una responsabilidad patrimonial cuando no hay concurrencia de los requisitos suficientes».