Un total de 66 personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la que se han desarticulado cinco organizaciones criminales que gestionaban clubes de alterne y ocultaron al fisco 400 millones de euros obtenidos con esta actividad en los últimos cinco años.
Toda la red blanqueba dinero a través de un complejo entramado de ingeniería financiera, que giraba en torno a una empresa guipuzcoana. La Agencia Tributaria estima que las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo.
Según ha informado la Agencia Tributaria en una nota de prensa, en los más de cinco años que han durado las investigaciones se han registrado 14 clubes y 21 domicilios y se han analizado más de 750 cuentas bancarias. Esto último ha permitido relacionar a la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado, ubicados en distintos puntos de España.
El análisis de más de 750 cuentas bancarias permitió relacionar a la sociedad facilitadora con los clubes. Los clientes de los clubes abonaban sus pagos a través de los TPV y con tarjeta, incluida una comisión del 10 por ciento que se ingresaba en cuentas bancarias de la sociedad guipuzcoana en las que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes.
Éstos retiraban luego el dinero a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba el rastreo del origen del dinero, y tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban sus operaciones como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o ni siquiera las declaraban.
Finalmente, el dinero se blanqueaba utilizando el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles o muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros.
349 VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN
En esta operación, enmarcada en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, se ha localizado a 349 posibles víctimas de explotación en los clubes.
La mayoría son ciudadanas extranjeras que proceden de los estratos sociales más bajos de sus países de origen y que constituyen el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países.
En los clubes eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndoles criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos) y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala.
Cada local tenía sus propias especificidades. Así, uno de ellos había empezado a contratar a las mujeres explotadas en sus clubes, obligándolas a pagar los gastos e impuestos ocasionados, para eludir así las posibles responsabilidades ante una posible inspección o actuación policial.
Otra organización mantenía sometidas a las mujeres y las obligaba a ejercer la prostitución con continuas palizas y amenazas. Otra trataba de ocultar la relación entre empresario y empleadas mediante pretendidas propinas que los clientes supuestamente dejaban a las mujeres cuando las invitaban a una copa, como pago por su compañía.