El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha pedido información a la fiscalía sobre la denuncia que los socialistas presentaron hace tres meses contra la entonces alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, por supuesta prevaricación al mantener nombres de calles y distinciones dedicados a dirigentes franquistas.
La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha remitido una diligencia a las Corts Valencianes para que, en el plazo de cinco días expida certificación respecto a si sigue siendo aforada como diputada o es senadora, con motivo de una denuncia del PSPV contra ella por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad, frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Le pide que diga si Rita Barberá «ostenta en la actualidad la condición de diputada en dicha institución o bien ha sido designada como senadora territorial, y en este caso, desde qué fecha, así como los efectos de este último nombramiento». De ello depende quién podría abrir una causa contra Barberá.
Los diputados de las Cortes Valencianas están aforados ante el Tribunal Superior valenciano, mientras que los senadores están aforados ante el Tribunal Supremo.
La pregunta es pertinente para saber cómo actuar ante la denuncia presentada el pasado mes de mayo por dirigentes socialistas y el abogado madrileño Eduardo Ranz contra la entonces alcaldesa de Valencia por un supuesto delito de desobediencia contra la Ley de Memoria Histórica, al declararse no competente el TSJCV para ver una denuncia anterior.
Los hechos denunciados se refieren, según se indica en la misma, a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores con exponentes del franquismo que, según estiman los denunciantes, constituyen un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.