Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), recibió hoy, en su despacho del Palacio de Justicia, a María José Beaumont, nueva consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno Foral. Beaumont es una de las dos consejeras de EH Bildu en el Ejecutivo navarro.
El presidente del TSJN le explicó a la consejera que, de acuerdo con los informes estadísticos elaborados anualmente por el Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales de Navarra se encuentran entre los primeros de España en cuanto a la menor tasa de asuntos pendientes y en relación a los mejores índices de resolución.
En lo relativo a las necesidades de la Justicia en Navarra, Galve le aclaró a la consejera Beaumont que, en los últimos años, la Comunidad Foral ha tenido el porcentaje de inversión más pequeño de todas las 12 Comunidades Autónomas que tienen las competencias transferidas.
La nueva consejera anunció la intención de crear en un departamento una Dirección General específica de Justicia; la que existe en la actualidad es conjunta, de Presidencia y Justicia.
Al final de la reunión se incorporó a la misma el secretario de Gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi.
Finalmente, María José Beaumont saludó a los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN y después mantuvo un encuentro con la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice.
El nombramiento de María José Beaumont, a propuesta de EH-Bildu -formación en la que militan los herederos políticos de ETA- no fue bien recibido por el Gobierno de la nación. La abogada fue, durante una década, la portavoz y letrada de la Coordinadora de Itoiz, contraria a la construcción de un pantano en la zona pirenaica, contra la que también se declaró ETA.
Por ello, el intercambio de información que, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral, formada por más de 1.700 agentes, hasta ahora habia sido fluido y de confianza, se ha trastocado.
La idea de que personas ideológicamente cercanas a los postulados independentistas de ETA tengan acceso a esa información ha hecho que los dos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado nacionales opten por un enfriamiento de las relaciones, cumpliendo escrupulosamente sólo lo que marque estrictamente la legalidad.