La Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada ha ordenado a la Policía que investigue posibles irregularidades en una operación urbanística supuestamente orquestada para favorecer a un empresario y que tome declaración por ello al alcalde de la capital, José Torres Hurtado.
Además, ante la Policia también tendrán que declarar el concejal de Economía, Francisco Ledesma, a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.
El Ministerio Público abrió diligencias por este asunto tras la denuncia interpuesta por otro empresario granadino, Ramón Arenas, que considera que se ha producido una «estafa inmobiliaria» y que indica que la operación ha conllevado que una parcela de su propiedad haya sido invadida por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa.
Para la Fiscalía, según consta en un decreto notificado en julio y al que ha tenido acceso Europa Press, de la denuncia se infiere «ab initio» que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.
Por ello, ordena a la Policía que investigue las posibles irregularidades económicas y/o administrativas, le reciba declaración a los denunciados –entre los que también se encuentra el empresario supuestamente favorecido, Roberto García Arrabal— y recabe la documentación oportuna.
Además, libra oficio a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que remita informe «preciso y detallado» sobre la legalidad de las actuaciones urbanísticas denunciadas, y del alcance de las mismas, según señala en la resolución, que adelanta el diario ‘Ideal’.
Concretamente, le insta a que aporte información sobre si se ha respetado el procedimiento legalmente establecido, si existen posibles irregularidades en los expedientes municipales incoados y relativos a estas actuaciones urbanísticas o incrementos de aprovechamientos lucrativos, y que señale también el posible detrimento sufrido por las dotaciones públicas y el perjuicio posible para los estándares urbanísticos, para los intereses municipales y para los ciudadanos. (EP)